Ante el crimen que cobró la vida de 13 ciudadanos en el distrito de Pataz, región La Libertad, la presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, anunció este lunes una serie de medidas extraordinarias para restablecer el orden y enfrentar con firmeza a los responsables.
La mandataria informó que, en un plazo máximo de 48 horas, se impondrá el toque de queda en la zona, y las Fuerzas Armadas asumirán el control territorial para garantizar la seguridad de la población. Asimismo, se instalará una base militar que asegure la presencia operativa permanente del Estado en la provincia.
Como parte del plan de acción, el Poder Ejecutivo solicitará al Congreso la delegación de facultades legislativas para implementar medidas urgentes contra el denominado terrorismo urbano, con el objetivo de reforzar el marco legal y enfrentar con mayor eficacia a las organizaciones criminales.
Además, se ordenó la paralización total de las operaciones mineras en el distrito de Pataz por un período de 30 días. Esta disposición incluye la suspensión temporal de las actividades registradas en el marco del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), con el fin de facilitar el despliegue de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
Minutos antes del anuncio, la presidenta expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y reafirmó su compromiso de no ceder ante el crimen ni la violencia.
En la reunión de alto nivel liderada por la jefa de Estado participaron el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén; el ministro de Justicia, Eduardo Arana; el ministro del Interior, Julio Díaz; el gobernador regional de La Libertad, César Acuña; el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general David Tejada; y el director general de la Policía Nacional del Perú, general Víctor Zanabria.
Durante el encuentro, se aclaró que el Gobierno actuó desde el primer momento en que se conocieron los hechos. Sin embargo, la empresa inicialmente negó que hubiera trabajadores secuestrados. Se precisó que, al tratarse de una concesión minera ubicada en propiedad privada, la empresa concesionaria tiene responsabilidad directa sobre los eventos ocurridos en su jurisdicción.