El Gobierno anunció que solicitará al Congreso facultades legislativas con el fin de enfrentar el delito de terrorismo urbano, tras el asesinato de 13 trabajadores mineros en Pataz, crimen atribuido a bandas criminales organizadas.
La presidenta Dina Boluarte comunicó la decisión este lunes mediante un mensaje oficial desde Palacio de Gobierno, en el que exhortó al Parlamento a acelerar el debate de un proyecto de ley que propone incluir esta figura en el Código Penal.
La iniciativa legislativa, que ya cuenta con una primera votación aprobatoria, plantea imponer cadena perpetua para delitos como homicidio calificado, secuestro, extorsión y sicariato, cuando se cometan con armas de fuego o explosivos y generen alarma pública.
Desde el Ejecutivo sostienen que la demora en la aprobación de esta norma —estancada por más de 100 días en el Congreso— ha contribuido al incremento de la violencia criminal en el país.
Sin embargo, algunos sectores han expresado su preocupación por el uso de términos como «terrorismo urbano», advirtiendo posibles riesgos para los derechos y garantías procesales de los ciudadanos.
La solicitud de facultades legislativas forma parte de un conjunto de medidas anunciadas por el gobierno para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana. Su aprobación dependerá del respaldo que logre en el Parlamento, en un contexto de presión social por acciones firmes contra el crimen organizado.