Una nueva ola de violencia estremeció el noroeste de México este lunes 30 de junio, con el hallazgo de al menos veinte cadáveres —cinco de ellos decapitados— en una vía del estado de Sinaloa. La masacre refleja la creciente disputa interna entre facciones del Cártel de Sinaloa, en medio de cuestionamientos a la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El conflicto enfrenta a seguidores de Joaquín «El Chapo» Guzmán y de Ismael «El Mayo» Zambada, dos de los fundadores del poderoso cartel, ambos actualmente presos en Estados Unidos. La pugna, desatada tras la captura de Zambada en septiembre de 2024, ha dejado al menos 600 muertos y 800 desaparecidos, según datos del Gobierno estadounidense.
Este brote de violencia ocurre meses después de que Washington clasificara al Cártel de Sinaloa como organización terrorista, intensificando la presión internacional sobre México para contener la expansión del crimen organizado.
Desde que asumió el poder en octubre de 2024, Sheinbaum ha descartado una reedición de la «guerra contra el narco» impulsada por el expresidente Felipe Calderón (2006-2012), cuya estrategia militarizada derivó en un aumento dramático de la violencia y denuncias sistemáticas de violaciones a los derechos humanos.
En su lugar, la presidenta promueve un plan nacional de seguridad basado en tareas de inteligencia, fortalecimiento de capacidades investigativas y una polémica ampliación del rol de la Guardia Nacional, ahora bajo control directo del Ejército.
Sin embargo, las matanzas como la de Sinaloa plantean dudas sobre la efectividad de ese enfoque y sobre el alcance real del Estado frente al poder de los cárteles.