El presidente Abelardo de la Espriella dispuso el despliegue temporal de fuerzas militares en esta ciudad fronteriza con Venezuela, luego de una escalada de violencia que dejó un candidato a la alcaldía asesinado y seis personas heridas en dos ataques.
El Gobierno de Colombia ordenó la militarización temporal de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, tras una serie de hechos violentos registrados en menos de una semana, entre ellos el asesinato de un dirigente político y la detonación de un artefacto explosivo que dejó seis personas heridas.
El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, anunció la medida este jueves 29 de octubre y señaló que el despliegue militar busca recuperar el control del orden público y garantizar la seguridad de la población.
“He ordenado la militarización inmediata de Cúcuta. Esa militarización será temporal, mientras estabilizamos el orden público”, declaró el mandatario ante los medios de comunicación.
De la Espriella afirmó que su Gobierno no permitirá que las organizaciones vinculadas al narcotráfico y al terrorismo continúen generando temor entre los habitantes de Norte de Santander. En ese sentido, anunció un conjunto de acciones para reforzar la seguridad y combatir a los grupos armados ilegales que operan en la región.
El Ejército incrementará su presencia en la ciudad y trabajará de manera coordinada con la Policía para fortalecer el control territorial, proteger a los ciudadanos y enfrentar a las organizaciones criminales.
Operación militar y policial Esparta
Como parte de las medidas, el presidente anunció que el martes 3 de noviembre comenzará la operación militar y policial Esparta, acompañada de la conformación de un bloque de seguridad para Cúcuta. No obstante, no precisó la cantidad de efectivos que participarán en el despliegue.
Según explicó, estas acciones permitirán intensificar las operaciones contra las organizaciones criminales, identificar y capturar a los responsables de los recientes ataques, debilitar sus fuentes de financiamiento y desarticular las estructuras ilegales que operan en la zona.
El mandatario también dispuso mantener otras operaciones de control territorial y anunció que viajará a Cúcuta la próxima semana para supervisar los avances de las medidas adoptadas.
“No vamos a permitir que en una región que ayudó a construir nuestras instituciones sean los criminales precisamente quienes pretendan destruirlas”, sostuvo.
Asesinato de candidato y atentado con explosivos
La decisión del Gobierno se produjo después del asesinato de Miguel Castellanos Serrano, candidato a la alcaldía de Cúcuta, quien murió el pasado lunes tras recibir disparos cerca de una estación de servicio en Norte de Santander. El ataque ocurrió cuando el político se desplazaba sin su habitual esquema de seguridad.
Castellanos era mayor retirado de la Policía Nacional y había ocupado el cargo de secretario de Gobierno municipal, desde donde participó en acciones contra la delincuencia, recuperación de espacios públicos, acceso a la justicia y protección animal.
Al día siguiente, un nuevo episodio de violencia sacudió la zona fronteriza. La explosión de un artefacto cerca del puente internacional que conecta Cúcuta con Venezuela dejó seis personas heridas, entre ellas cuatro civiles y dos policías.
Estos acontecimientos incrementaron la preocupación por la seguridad en una ciudad estratégica debido a su ubicación fronteriza y a su proximidad con la región del Catatumbo.
Cúcuta, segunda ciudad militarizada por el Gobierno
Esta es la segunda intervención de este tipo ordenada por De la Espriella desde que asumió la presidencia el 7 de agosto. La primera se realizó en Santa Marta, ciudad turística del Caribe colombiano, luego de una serie de ataques contra establecimientos comerciales y vehículos atribuidos a una organización dedicada al narcotráfico en septiembre.
En Cúcuta y sus alrededores operan desde hace décadas diversas organizaciones armadas ilegales que disputan el control de las rutas del narcotráfico, el contrabando y otras actividades ilícitas.
Entre ellas figuran el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que mantienen enfrentamientos por el control de territorios y economías ilegales, especialmente en el Catatumbo.
La violencia también se ha intensificado en esa región, ubicada a unos 70 kilómetros de Cúcuta y caracterizada por la presencia de extensos cultivos de coca y organizaciones armadas.
Este jueves, un ataque con un dron cargado de explosivos, atribuido al ELN, dejó tres civiles heridos, según informó el Gobierno local. El empleo de estos dispositivos por parte de grupos ilegales se ha convertido en una nueva amenaza para las comunidades, que quedan expuestas a los enfrentamientos y ataques.
La crisis de seguridad representa uno de los principales desafíos del Gobierno colombiano, que viene impulsando una ofensiva militar contra los campamentos de organizaciones guerrilleras mediante operaciones y bombardeos. Estas acciones han dejado decenas de fallecidos, entre ellos al menos ocho menores de edad, según el balance citado en los reportes.
Fuente: AFP / EFE