Más de mil migrantes venezolanos sobreviven en campamentos improvisados en Ciudad de México, entre la incertidumbre, la escasez de recursos y la esperanza de ser incluidos en vuelos de repatriación gestionados por el gobierno de Nicolás Maduro. Las autoridades capitalinas presionan para reubicarlos en albergues temporales, mientras las estructuras precarias en las que habitan tienen los días contados.
Ni aquí ni allá
El 26 de abril, la embajadora de Venezuela en México, Stella Lugo, apareció de forma inesperada ante un grupo de aproximadamente 400 migrantes que acampan en la colonia Vallejo. “Aquí no hay obligación de nadie con nadie porque ustedes tomaron su decisión”, sentenció la diplomática, acompañada de funcionarios del gobierno capitalino, como parte de un operativo para desmantelar los campamentos.
En medio de las vías del tren, los migrantes han levantado una ciudadela improvisada con madera, cartón y plástico. Algunos esperan continuar su camino al norte, otros buscan regularizar su situación en México, y muchos más desean regresar, pero no tienen medios para hacerlo.
Una orden judicial emitida el 24 de abril otorgó a los migrantes una medida de amparo, que impide cualquier desalojo, traslado o reubicación forzada, al considerar que sus derechos humanos podrían ser vulnerados. Esa protección, sin embargo, es temporal.
Una visita polémica
En otros contextos, la visita de una embajadora podría interpretarse como un acto de asistencia consular. Pero aquí la situación es distinta: más de 100 de los migrantes son solicitantes de asilo que dicen haber huido del régimen de Nicolás Maduro.
“La presencia de la embajadora podría ser una violación del Derecho Internacional”, advirtió el abogado venezolano Francisco J. D’Angelo Ohep, director legal de la organización Venemex. “Los refugiados no deben ser expuestos a representantes del gobierno del que escaparon”, agregó, citando la Convención de Ginebra de 1951, el Protocolo de 1967 y la Declaración de Cartagena de 1984.
“Esto es como llevar al embajador de Rusia a un operativo con migrantes ucranianos”, comparó.
La defensora de derechos humanos Farida Acevedo, quien también estuvo presente, afirmó que reclamó a las autoridades mexicanas por la participación de la embajadora, pero que estas respondieron que su presencia fue solicitada por los propios migrantes. Durante el encuentro, Lugo aseguró que “al presidente Nicolás Maduro le duelen ustedes”, e intentó justificar los retrasos en los vuelos de repatriación con las sanciones estadounidenses y la incautación de un avión venezolano en Buenos Aires.
Para Acevedo, se trata de una estrategia del gobierno de Maduro para “lavar su imagen” en medio de la crisis migratoria.
Presión oficial, resistencia en los campamentos
Muchos migrantes se resisten a abandonar el campamento. Algunos tienen hijos estudiando en escuelas cercanas; otros están tramitando su estatus ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) o intentando reunir dinero para regresar voluntariamente.
“El operativo responde al compromiso de Ciudad de México de ser una ciudad hospitalaria y respetuosa de los derechos humanos”, señaló la Coordinación General de Atención a la Movilidad Humana. Su titular, Temístocles Villanueva, informó que unas 50 personas ya aceptaron reubicarse, aunque más de 300 aún permanecen en el campamento.
Villanueva confirmó que existe coordinación con la Embajada de Venezuela para facilitar retornos voluntarios. Sin embargo, migrantes como Stephanie insisten en que solo piden tiempo: “Estamos tratando de reunir el dinero para volver. Muchos aún esperan respuesta de la COMAR”.
Otras voces denuncian presiones y amenazas. “Dicen que nos ofrecen ayuda, pero en realidad quieren tumbarnos donde vivimos”, relató una mujer.
Campamentos en expansión, tensión en aumento
El 1 de mayo, otros 400 migrantes fueron desalojados por civiles del parque Guadalupe Victoria. Vecinos y trabajadores derribaron con herramientas las estructuras y las arrojaron a camiones de escombros. Varias familias, incluyendo embarazadas y niños, buscaron refugio en iglesias o viviendas alquiladas. También denunciaron extorsiones por parte de grupos criminales.
Entre febrero y abril, otro grupo de más de 100 venezolanos acampó frente a la embajada de Venezuela en el exclusivo barrio de Polanco, esperando cupo en vuelos de repatriación. Según Acevedo, algunos lograron regresar a su país, pero muchos más siguen llegando.
Un callejón sin salida
Actualmente, entre 8.000 y 10.000 migrantes —principalmente de Venezuela, Cuba y Haití— permanecen varados en el sur de México, según reportó The New York Times. Las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos, como las deportaciones masivas y la suspensión de la aplicación CBP One, han cerrado muchas rutas legales de ingreso.
Sin dinero, sin papeles, sin vías claras para avanzar ni retroceder, y sin una estrategia coordinada entre gobiernos para ofrecer soluciones duraderas, miles de personas viven en una especie de limbo migratorio.
“La estancia en campamentos no puede ser indefinida”, advierte la consultora en migración Eunice Rendón. “Es urgente avanzar hacia la regularización y la integración laboral, para que las personas en movilidad puedan vivir con dignidad y aportar a la sociedad que los acoge”.