La dimisión del mandatario no pudo ser sometida a votación por falta de cuórum. Miles de personas se concentraron frente al Parlamento para exigir su destitución, tras la crisis generada por la intervención de Ueno Bank.
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, continúa en el ejercicio de sus funciones luego de que el Congreso no lograra reunir el cuórum necesario para tratar su renuncia. En medio de la incertidumbre política, el Senado inició este jueves (5 de noviembre de 2026) el procedimiento de juicio político contra el mandatario por presunto mal desempeño de sus funciones y posibles conflictos de intereses relacionados con Ueno Bank.
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la acusación constitucional y designó a los legisladores que ejercerán como fiscales durante el proceso. La diputada opositora Rocío Vallejo fue una de las encargadas de presentar los cargos ante el Senado, que asumió el papel de tribunal enjuiciador.
“Venimos a formular acusación conforme al mandato recibido”, expresó Vallejo al comenzar su intervención.
La renuncia de Peña había generado expectativas sobre una eventual sucesión presidencial; sin embargo, la sesión conjunta del Parlamento convocada para tratar su dimisión no pudo concretarse por falta de cuórum. De esta manera, el mandatario permanece formalmente en el cargo mientras avanza el procedimiento constitucional.
Uno de los aspectos relevantes del proceso es que, si Peña renuncia, conservaría los fueros correspondientes a su condición de senador vitalicio, mientras que una eventual destitución mediante juicio político tendría consecuencias distintas sobre sus prerrogativas.
Poco después del inicio de la sesión, el jefe de Estado se pronunció a través de sus redes sociales y anunció que presentará pruebas para ejercer su derecho a la defensa.
“Colaboraré plenamente con las instituciones competentes para que se esclarezca lo ocurrido, se determinen las responsabilidades y quienes hayan infringido la ley respondan ante la Justicia”, escribió en su cuenta de X.
Por su parte, el senador oficialista Derlis Maidana explicó que el procedimiento contempla dos etapas: el reconocimiento de los diputados como fiscales acusadores durante la sesión de este jueves y, posteriormente, la juramentación de los senadores que integrarán el tribunal encargado de evaluar los cargos.
Crisis bancaria en el centro de la acusación
La crisis política se profundizó después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) dispusiera el martes el inicio de un proceso de resolución de Ueno Bank, decisión que generó preocupación entre miles de clientes por la situación de sus depósitos y los recursos públicos que mantenía la entidad financiera.
El organismo emisor informó que el índice de solvencia del banco había descendido por debajo del 50 % del mínimo requerido, como consecuencia de ajustes efectuados a sus estados financieros durante el proceso de regularización.
La situación provocó inquietud por los recursos de numerosas instituciones públicas depositados en la entidad, incluidos fondos vinculados al sistema de pensiones.
Durante la presentación de los cargos, Rocío Vallejo calificó lo sucedido como una “jornada siniestra” para el sistema financiero paraguayo y sostuvo que la caída del banco afectó a aproximadamente tres millones de personas, cerca de la mitad de la población del país.
La legisladora también advirtió que diversas instituciones públicas podrían verse perjudicadas por la situación financiera de Ueno Bank y cuestionó la actuación de las autoridades regulatorias frente a la crisis.
La acusación constitucional sostiene que Peña habría incurrido en presunto conflicto de intereses, utilización de influencias y vínculos entre el sector público y privado. Entre los argumentos presentados se mencionan sus anteriores participaciones accionarias en Ueno Holding, conglomerado empresarial que agrupa a distintas compañías, entre ellas Ueno Bank. El mandatario se desprendió de dichas acciones en marzo de 2025.
Los diputados consideran que estos antecedentes, junto con la gestión de la crisis financiera, configuran un presunto “grave y sistemático mal desempeño de sus funciones”, argumento que sustenta el pedido de destitución conforme al artículo 225 de la Constitución paraguaya.
Miles de personas exigen la salida del mandatario
Mientras el Congreso debatía la acusación, miles de ciudadanos se concentraron en las inmediaciones del Parlamento, en Asunción, para respaldar el juicio político y exigir la salida de Santiago Peña.
Los manifestantes llegaron con pancartas y corearon consignas como “Fuera Santi Peña, que devuelvan la plata”, en referencia a la preocupación por los depósitos afectados por la crisis bancaria, según constató un periodista de la agencia AFP.
La Policía estimó en aproximadamente 5,000 el número de participantes. Durante las protestas también se registraron enfrentamientos entre algunos manifestantes y efectivos policiales.
La crisis de Ueno Bank ha ampliado el descontento ciudadano y colocado bajo cuestionamiento la gestión gubernamental, mientras el proceso de juicio político abre un nuevo capítulo de incertidumbre institucional en Paraguay.
Peña se convierte así en el segundo presidente paraguayo de la etapa democrática reciente en afrontar un juicio político. El antecedente corresponde a Fernando Lugo (2008-2012), quien fue destituido por el Congreso en junio de 2012.