Ciudad de México. – El gobierno mexicano inició la implementación de la CURP biométrica, un nuevo documento de identidad que integrará huellas, iris y rostro de cada habitante. Presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum como una herramienta para combatir la corrupción y localizar desaparecidos, la iniciativa ha despertado alertas por sus riesgos de vigilancia y seguridad digital.
“Sheinbaum aseguró que el sistema cuenta con los mecanismos necesarios de ciberseguridad y que no habrá mal uso de los datos”. Sin embargo, especialistas advierten que sin supervisión independiente ni controles efectivos, la base de datos podría convertirse en una plataforma de control masivo.
Formalizada en julio y en marcha desde octubre de 2025, la CURP biométrica sustituirá progresivamente al actual código de identificación y será obligatoria en todo el país a partir de febrero de 2026.
Temores de vigilancia
Para Nayeli Torres, de la organización Artículo 19, el proyecto “se aprobó con poca consulta ciudadana” y forma parte de una tendencia hacia la vigilancia regresiva en materia de derechos humanos. Cuestiona además la centralización de los datos: “Si todo está en una sola base, ¿quién controla quién accede y con qué fines?”, advierte.
La eliminación del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) en marzo de 2025 agrava las dudas sobre la protección de datos personales. La nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, que permite interconectar bases públicas y privadas, refuerza los temores de un acceso irrestricto a la información ciudadana.
Argumento oficial: búsqueda de desaparecidos
Sheinbaum defiende la medida como clave para fortalecer las labores de búsqueda. “No puede ser que una madre busque a un hijo y no exista una base de datos nacional”, sostuvo. Pero activistas como Jorge Verástegui y familiares de desaparecidos rechazan esa justificación, recordando los reiterados hackeos a dependencias oficiales y la falta de voluntad política del Estado para atender la crisis.
Riesgos para migrantes y comunidades vulnerables
Según Élida Calixto Toxqui, de la Red Franciscana para Migrantes, el sistema podría revictimizar a personas vulnerables o convertirse en requisito para acceder a servicios básicos. Además, advierte que solo incluirá a quienes se registren tras su implementación, dejando fuera a miles de casos previos de desaparición.
Debate tecnológico y ético
Para la especialista en TI Nancy Salazar, el proyecto podría modernizar el sistema de identificación si se aplica con transparencia y educación digital. Pero advierte: “Una contraseña se puede resetear, una huella no”. Recuerda que México ha sufrido múltiples filtraciones de datos sensibles, vendidos incluso en la deep web.
Salazar también subraya la brecha digital del país: “Muchos no tienen acceso a internet ni alfabetización tecnológica”. Considera que el sistema debería ser opcional en su fase inicial y que el verdadero reto es elevar la conciencia pública sobre el uso de los datos personales.
“Nos preocupa lo que el gobierno hará con nuestros datos, pero entregamos nuestra información sin pensar cuando usamos aplicaciones”, reflexiona.