No hay ampliación posible sin que el Ejecutivo haga lo que debe: observar la autógrafa de ley.
Es casi un hecho que el Congreso volverá a ampliar el Reinfo, más por temor a las protestas del gremio de mineros informales que por convicción técnica o política. Nadie quiere disturbios en la avenida Abancay.
Sin embargo, la extensión solo se concretará si el Ejecutivo de Dina Boluarte (o de Jerí) no la observa. En ese caso, tanto el Gobierno como el Congreso se lavarán las manos y dejarán el problema a la siguiente administración, que probablemente tampoco sabrá qué hacer con este enredo.
La discusión ya no debería centrarse en si se amplía o no, sino en qué tipo de Reinfo se está ampliando. Porque, tal como está, el Reinfo es una política pública fracasada, sin sustento técnico ni resultados verificables. Solo sobrevive por razones políticas y electorales, y porque sirve de manto legal para la minería ilegal.
¿Cómo ocurre esto? El sistema permite que mineros ilegales camuflen su producción bajo un Reinfo vigente. Así, la formalización se convierte en coartada, y la ilegalidad se normaliza.
La esquizofrenia jurídica continúa: Bellido, Cutipa y Sánchez —este último, además, operador político de Pedro Castillo— saben perfectamente que el Reinfo es un mecanismo fallido que protege la informalidad. Aun así, insisten en ampliarlo, y ahora incluso buscan reponer más de 55 mil Reinfos anulados por haber vencido su plazo de formalización.
No se trata de una decisión arbitraria del Ministerio de Energía y Minas, sino del cumplimiento de plazos establecidos. De hecho, solo el 6% de los mineros excluidos presentó algún reclamo. El otro 94% guardó silencio, porque no cumplió con los requisitos y sabe que no lo hará.
En el fondo, este nuevo intento de ampliación es un juego político donde Bellido, Sánchez y Cutipa se reparten los aplausos, pero los verdaderos beneficiados no son los trabajadores mineros, sino los dueños de las plantas que se enriquecen a costa de ellos.