La controversia entre Cosco Shipping Ports Chancay Perú y el Estado peruano llegará al Tribunal Constitucional. El fallo podría definir el alcance de las facultades de Ositrán sobre infraestructura portuaria desarrollada con inversión privada y sentar un precedente para futuros proyectos en el país.
La controversia entre Cosco Shipping Ports Chancay Perú, empresa operadora del megapuerto de Chancay, y el Estado peruano llegará al Tribunal Constitucional, luego de que el Poder Judicial admitiera el recurso presentado por la compañía.
El proceso busca determinar si el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) puede ejercer sus facultades de supervisión y fiscalización sobre el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, desarrollado bajo un esquema de inversión privada.
En medio de esta disputa, el exministro de Relaciones Exteriores Miguel Ángel Rodríguez Mackay cuestionó la posición asumida por la empresa china y advirtió que una confrontación con las autoridades peruanas podría generar tensiones en la relación bilateral entre Perú y China.
Para el excanciller, el carácter privado de una infraestructura no elimina las atribuciones de los organismos del Estado cuando se trata de un servicio de uso público y de relevancia estratégica para el país.
Exministro advierte sobre tensiones con empresas chinas
En declaraciones a Infobae Perú, Rodríguez Mackay sostuvo que China debería evaluar cuidadosamente la manera en que sus empresas gestionan sus intereses en el extranjero, particularmente en el caso del megapuerto de Chancay.
“Creo que China debería sopesar de manera muy meditada esta situación y no recurrir a estos mecanismos leguleyos, que lo único que van a hacer es retrotraer la buena construcción que se ha hecho bilateralmente con el Perú”.
El exministro consideró que la labor de Ositrán constituye una función de supervisión estatal y no implica, necesariamente, intervenir en la propiedad privada ni desconocer las características de la inversión realizada.
La controversia tomó una nueva dimensión luego de que la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima revocara una sentencia favorable a Cosco y declarara improcedente la demanda de amparo presentada contra Ositrán.
Posteriormente, la empresa interpuso un recurso de agravio constitucional, cuya admisión permitirá que el Tribunal Constitucional revise el caso.
Chancay: ¿qué deberá resolver el Tribunal Constitucional?
La admisión del recurso abre una nueva etapa en la disputa por las facultades de Ositrán. El Tribunal Constitucional deberá analizar el alcance de las competencias del organismo sobre el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, pese a que este fue desarrollado mediante inversión privada y no bajo el esquema tradicional de una concesión estatal.
La posición de Cosco sostiene que las condiciones bajo las cuales se ejecutó el proyecto no permitirían equiparar el terminal con una infraestructura entregada en concesión. La compañía considera que una aplicación amplia de las facultades regulatorias podría afectar principios relacionados con la libertad de empresa, la seguridad jurídica y el derecho de propiedad.
Ositrán, por su parte, sostiene que sus competencias no dependen de quién sea propietario de la infraestructura, sino de la naturaleza del servicio que esta presta.
Bajo este criterio, el terminal forma parte de la infraestructura de transporte de uso público y, debido a su importancia para el sistema logístico y el comercio exterior, corresponde que el organismo ejerza funciones de supervisión y fiscalización.
El proceso constitucional no modifica, por ahora, las competencias vigentes de Ositrán ni representa un pronunciamiento definitivo sobre el fondo de la controversia. Sin embargo, la decisión del máximo intérprete de la Constitución podría establecer un criterio relevante sobre los límites de la regulación estatal frente a proyectos privados de infraestructura.
Soberanía peruana frente a empresas extranjeras
Rodríguez Mackay también puso énfasis en el principio de soberanía y en la obligación de las empresas extranjeras de respetar las normas del país donde desarrollan sus actividades.
Su posición cobra especial relevancia en un proceso en el que precisamente se debate hasta dónde pueden llegar las facultades regulatorias del Estado frente a una inversión extranjera de gran importancia estratégica.
“De ser cierto, sería una malísima instrucción de China a sus empresas en el mundo, que son muchas, porque eso sí podría significar un serio retroceso en el respeto de la soberanía de los Estados”.
El exministro hizo esta afirmación al referirse a información difundida sobre una disposición china dirigida a empresas con operaciones internacionales y que contemplaría mecanismos frente a sanciones consideradas injustas. No obstante, precisó que no había revisado directamente el documento, sino las publicaciones difundidas sobre el tema.
Asimismo, afirmó:
“Nadie que esté en el Perú puede ignorar las reglas del Perú. Nadie que se encuentre en el Perú puede ignorar que se encuentra en la soberanía de otro Estado”.
Para Rodríguez Mackay, el respeto a las normas nacionales debe constituir un principio fundamental en la relación entre el Estado peruano y las compañías extranjeras que desarrollan actividades en el territorio nacional.
Un precedente para futuras inversiones
En el caso de Chancay, el Tribunal Constitucional deberá determinar cómo se articulan los derechos vinculados con la inversión privada y las potestades regulatorias del Estado sobre una infraestructura considerada estratégica y de uso público.
Mientras el proceso continúa, Ositrán mantiene vigentes sus facultades de supervisión sobre el terminal.
La decisión final del Tribunal Constitucional no solo podría definir el conflicto entre Cosco y el organismo regulador, sino también establecer un precedente sobre el alcance de la fiscalización estatal en futuras inversiones privadas destinadas al desarrollo de infraestructura de uso público en el Perú.
Infobae