Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos determinó este lunes (20.10.2025) que el presidente Donald Trump puede enviar a la Guardia Nacional a Portland (Oregón), pese a la oposición de las autoridades estatales. La decisión, adoptada por dos votos contra uno, representa un nuevo punto de fricción entre la Casa Blanca y los estados liberales que acusan a Trump de ejercer un poder autoritario en medio del creciente malestar político y social.
El Tribunal del Noveno Circuito falló a favor del Departamento de Justicia y suspendió una orden previa que impedía el despliegue de tropas federales en la ciudad. “Tras revisar el expediente en esta etapa preliminar, concluimos que es probable que el presidente ejerciera legalmente su autoridad al federalizar la Guardia Nacional”, dictaminó la mayoría del panel.
La resolución supone una victoria legal para Trump, quien ordenó en septiembre el envío de 200 soldados a Portland para contener protestas contra sus políticas migratorias. Las autoridades locales, sin embargo, sostienen que la medida es innecesaria, dado que las manifestaciones “no han desbordado la capacidad” de las fuerzas de seguridad estatales.
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha lanzado una campaña de deportaciones centrada en ciudades gobernadas por demócratas —como Chicago, Los Ángeles y Portland—, lo que ha provocado numerosas protestas. En respuesta, el mandatario ha optado por militarizar las zonas con mayor agitación, alimentando aún más la polarización política del país.
Trump justificó su decisión alegando que Portland está “devastada por la guerra” y afectada por la criminalidad. No obstante, a comienzos de octubre, la jueza Karin Immergut bloqueó temporalmente el despliegue al considerar que los hechos de violencia no constituían “una rebelión organizada” y que las autoridades locales podían manejar la situación.
La decisión ahora revertida desató críticas dentro y fuera del tribunal. La jueza Susan Graber, quien votó en disidencia, calificó de “absurda” la interpretación del Gobierno federal. “Los manifestantes de Portland, conocidos por usar disfraces de gallina, trajes inflables o incluso nada en absoluto, no pueden ser considerados una amenaza bélica”, escribió, advirtiendo que el fallo “erosiona derechos constitucionales fundamentales como la libertad de reunión y de expresión”.
El fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, anunció que pedirá una revisión plenaria del fallo. “Transitamos un camino peligroso. Si esta decisión se mantiene, otorgará al presidente poder unilateral para desplegar soldados en nuestras calles sin justificación”, alertó.
La gobernadora demócrata Tina Kotek y el alcalde de Portland, Keith Wilson, también rechazaron el fallo. “Portland defiende la democracia, la dignidad y el derecho a protestar pacíficamente. No necesitamos tropas, sino soluciones impulsadas por la comunidad”, afirmó Wilson. Kotek calificó el despliegue de “abuso de poder grave y contrario a los valores estadounidenses”.
(gs / EFE, AP)