Brasilia (AFP) – El Supremo Tribunal Federal de Brasil mantiene en vilo al país con el juicio contra Jair Bolsonaro. Este miércoles, el magistrado Luiz Fux votó por absolver al expresidente, argumentando que no compete al Supremo realizar un “juicio político”. Con ello, el marcador quedó 2-1 a favor de la condena, cuando aún restan dos votos para definir el veredicto.
El líder ultraderechista, de 70 años, está acusado de encabezar una organización criminal armada para aferrarse al poder tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Juzgado junto a excolaboradores y altos mandos militares, Bolsonaro podría enfrentar hasta 43 años de cárcel. Actualmente cumple arresto domiciliario.
LOS ARGUMENTOS DE FUX
Durante una exposición que se prolongó más de nueve horas, Fux defendió la “incompetencia absoluta” del Supremo para juzgar a un expresidente y sostuvo que la causa debería remitirse a instancias inferiores. Además, cuestionó la falta de pruebas de que existiera una organización armada, ya que no se demostró el uso de armas. A su juicio, la supuesta trama golpista no pasó de la “fase preparatoria”.
Con este voto, el bolsonarismo percibió un respiro. El senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario, reclamó la “anulación total del proceso”, denunciando una persecución política contra su padre.
DOS VOTOS POR LA CONDENA
Antes de Fux, dos jueces ya habían votado a favor de la condena, entre ellos Alexandre de Moraes, quien incluso fue blanco de un presunto plan de asesinato atribuido al entorno de Bolsonaro. “Brasil casi volvió a una dictadura”, advirtió el magistrado, al acusar al expresidente de liderar una intentona golpista que fracasó por falta de apoyo militar.
El fallo requiere mayoría simple (tres de cinco votos) y recién será oficial cuando se pronuncien todos los magistrados. De prosperar la condena, el tribunal deberá luego fijar la pena, que podría superar las cuatro décadas de prisión. La sentencia, sin embargo, es apelable.
POLARIZACIÓN Y PRESIONES INTERNACIONALES
El proceso ha profundizado la polarización en Brasil. Mientras sectores progresistas celebran lo que consideran un ejercicio de justicia histórica tras décadas de impunidad, los seguidores de Bolsonaro presionan en el Congreso por una amnistía que alcance tanto al expresidente como a los cientos de simpatizantes condenados por el asalto a los poderes públicos el 8 de enero de 2023.
El juicio también tensionó la relación con Washington. El presidente Donald Trump impuso aranceles del 50% a productos brasileños, denunciando una “caza de brujas” contra Bolsonaro y sancionando a altos funcionarios, entre ellos Moraes.
Por su parte, el magistrado Flávio Dino, segundo en votar y exministro de Lula, denunció amenazas masivas en redes sociales contra los jueces y sus familias. “Son miles de posteos incentivando ataques letales”, advirtió en una nota oficial.
UNA SOCIEDAD DIVIDIDA
En Brasilia, ciudadanos siguen de cerca el proceso. “Vivimos una dictadura militar cuyos abusos nunca fueron castigados. Hoy la población está de enhorabuena por tener una justicia que defiende el Estado de derecho”, opinó Nayra Souza, profesora de 56 años.
En contraste, los defensores del expresidente insisten en que el juicio es político y que Bolsonaro debe ser indultado. La fiscalía, no obstante, sostiene que alentó los disturbios de enero de 2023 como su último intento para mantenerse en el poder.