Buenos Aires, La prensa argentina destaca este jueves el nuevo capítulo judicial en el caso de corrupción conocido como «Causa Vialidad», luego de que la Justicia ordenara el inicio del proceso para recuperar más de 530 millones de dólares como parte del perjuicio económico causado al Estado durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
El diario La Nación tituló: “Tras la condena a Cristina, la Justicia busca recuperar US$530 millones del fraude”, en referencia a la reciente ratificación de la sentencia contra la exmandataria, quien fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta agravada. La causa involucra también a exfuncionarios y empresarios cercanos al kirchnerismo, como Lázaro Báez, quien fue el principal beneficiario de la asignación irregular de obras viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
Embargos y acciones patrimoniales
El Ministerio Público Fiscal, en coordinación con la Unidad de Recupero de Activos, ya ha iniciado los trámites para embargar bienes, cuentas bancarias y propiedades de los condenados con el objetivo de resarcir al Estado. Se estima que el fraude total en el direccionamiento y sobreprecio de contratos públicos supera los US$ 530 millones, una cifra que ahora se busca reintegrar a las arcas públicas mediante mecanismos judiciales.
La Justicia también planea inscribir medidas cautelares sobre inmuebles, empresas y sociedades, tanto en Argentina como en el extranjero, ante la sospecha de ocultamiento de activos. Varios de los bienes vinculados a los implicados ya han sido objeto de investigaciones en otras causas por lavado de dinero.
Repercusiones políticas
La sentencia —aunque aún no firme, pues ha sido apelada ante la Corte Suprema— ha reactivado el debate sobre la impunidad y la corrupción estructural en la Argentina. La expresidenta, por su parte, insiste en que el juicio fue una persecución política y ha denunciado públicamente la existencia de un «partido judicial».
No obstante, la magnitud del fraude y la contundencia de las pruebas expuestas en el juicio oral han debilitado esa narrativa, incluso dentro de sectores del peronismo. El presidente Javier Milei, sin referirse directamente al caso, afirmó en una reciente entrevista que “la Justicia está dando señales de que la impunidad se acabó”.
Causa emblemática
La “Causa Vialidad” se ha convertido en un emblema del combate a la corrupción institucional en Argentina, al involucrar a los más altos niveles del poder político y empresarial. Iniciada en 2016 tras denuncias de la entonces diputada Margarita Stolbizer, la investigación reveló una estructura sistemática de direccionamiento de licitaciones hacia empresas del grupo Austral Construcciones, propiedad de Báez, íntimo amigo de la familia Kirchner.
El juicio, que duró más de tres años, incluyó el análisis de 51 obras públicas, la mayoría con irregularidades en ejecución, sobrecostos y pagos anticipados, muchas de las cuales ni siquiera fueron terminadas.