Un tribunal de Guatemala ordenó este lunes 2 de junio la captura de la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, y del exministro de Defensa Iván Velásquez, ambos exintegrantes de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), por presuntos actos de corrupción relacionados con el caso Odebrecht.
La orden fue emitida por una Sala de Apelaciones guatemalteca a solicitud del fiscal Rafael Curruchiche, quien los acusa de haber favorecido a la constructora brasileña y de provocar una pérdida de más de 3.000 millones de quetzales (aproximadamente 400 millones de dólares) al Estado guatemalteco.
Reacciones y contexto internacional
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia expresó un enérgico rechazo a la decisión judicial, señalando que la medida carece de sustento jurídico y representa “un atentado contra los principios fundamentales de la justicia internacional”.
“Esta acción constituye una grave desviación de los estándares del derecho internacional y vulnera derechos humanos fundamentales”, afirmó la Cancillería colombiana en un comunicado oficial.
Tanto Velásquez como Camargo gozan de inmunidad diplomática, ya que formaron parte de una entidad creada por la ONU con mandato internacional. La CICIG fue un organismo anticorrupción que operó en Guatemala entre 2007 y 2019 y desmanteló más de un centenar de redes criminales incrustadas en el Estado. La comisión fue disuelta unilateralmente en 2019 por el entonces presidente Jimmy Morales, tras investigaciones que afectaron a su entorno político.
Más acusaciones y persecución judicial
Además de Camargo y Velásquez, el tribunal guatemalteco ordenó el arresto de la exfiscal general Thelma Aldana y de al menos cinco exfiscales actualmente en el exilio, todos ligados a investigaciones promovidas por la CICIG. Esta no es la primera vez que el Ministerio Público guatemalteco intenta procesar a Iván Velásquez; en 2023 ya había promovido cargos similares sin éxito.
Velásquez, quien está próximo a asumir como embajador de Colombia ante el Vaticano, respondió en su cuenta de X (antes Twitter) con una crítica directa a Curruchiche y expresó su solidaridad con los exfuncionarios y ciudadanos guatemaltecos «que han sido obligados al exilio por la fiscalía».
Fiscales sancionados por EE.UU. y la UE
Tanto Rafael Curruchiche como la actual fiscal general guatemalteca, Consuelo Porras, han sido sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea por presuntos actos de corrupción y atentados contra el Estado de derecho. Washington los ha incluido en listas de actores “antidemocráticos” que obstaculizan la lucha contra la corrupción en Centroamérica.
Con información de AFP