El enfrentamiento entre la Universidad de Harvard y la administración de Donald Trump se agudizó tras la decisión del Gobierno de EE. UU. de revocar la certificación que permite al centro académico admitir estudiantes internacionales —quienes representan el 25 % de su matrícula total—. Sin embargo, una jueza federal bloqueó la medida este viernes, al considerar que provocaría un daño «inmediato e irreparable» a la institución.

“Ningún gobierno —sea cual sea el partido en el poder— debe dictar qué enseñan las universidades privadas, a quién admiten o contratan, ni qué áreas de investigación deben priorizar”, afirmó el presidente de Harvard, Alan Garber, el pasado 14 de abril. En esa misma declaración, Garber anunció que la universidad no acataría las exigencias impuestas por la administración Trump, que incluyen reformas en políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) y medidas para combatir el antisemitismo.

Harvard respondió con una demanda contra el Gobierno federal, luego de que este anunciara la cancelación de miles de millones de dólares en financiamiento público. En represalia, el Gobierno intensificó la presión con la revocación de la certificación para matricular a estudiantes extranjeros, una medida que fue inmediatamente desafiada en los tribunales.

El origen de la disputa

Desde su regreso al poder en enero, Donald Trump ha lanzado duras críticas contra universidades de élite como Harvard, Yale y Princeton —miembros de la llamada ‘Ivy League’—, acusándolas de promover ideologías «marxistas», «antiestadounidenses» y de «izquierda radical». En particular, ha apuntado a lo que considera una proliferación de antisemitismo en los campus universitarios, tras las protestas propalestinas desatadas a raíz del conflicto en Gaza.

El 29 de enero, Trump firmó un decreto que establece como política nacional el “combate vigoroso al antisemitismo”. Luego, el Departamento de Justicia anunció la creación de un grupo especial para investigar incidentes en al menos diez universidades desde el inicio del conflicto entre Israel y Hamás en octubre de 2023.

Recortes como arma política

Como parte de su ofensiva, la administración Trump ha congelado o cancelado financiamiento federal a varias universidades. Harvard ha sido una de las más afectadas, con la suspensión de más de 9.000 millones de dólares. Columbia, Cornell, Brown y Princeton también han enfrentado severas sanciones económicas.

En el caso de la Universidad de Pensilvania, el recorte —de 175 millones de dólares— se justificó por permitir la participación de un atleta transgénero en competencias universitarias. A la par, el Departamento de Educación ha enviado cartas a más de 60 instituciones advirtiendo que serán investigadas por presuntos actos de antisemitismo.

En abril, el Gobierno envió a Harvard una lista de exigencias que incluía desde la limitación de protestas en el campus hasta la eliminación de políticas de contratación basadas en diversidad. También se exigía la entrega de datos de admisión a la Casa Blanca y la revisión de los programas académicos.

El golpe a los estudiantes internacionales

El 22 de mayo, el Departamento de Seguridad Nacional revocó la certificación que permitía a Harvard usar el sistema SEVIS, indispensable para la matriculación legal de estudiantes extranjeros. La medida afectaba directamente a más de 7.000 alumnos internacionales, quienes habrían perdido su estatus migratorio de inmediato.

Pero un día después, la jueza federal Allison Burroughs bloqueó temporalmente la orden, al considerar que las consecuencias serían devastadoras tanto para los estudiantes como para la universidad. Harvard interpuso una demanda ese mismo jueves, denunciando una “flagrante violación” a la Constitución y advirtiendo del riesgo de deportación masiva.

Reacciones internacionales y testimonios

El Gobierno de China condenó la medida, acusando a EE. UU. de dañar su imagen global. “Defenderemos los derechos de nuestros estudiantes en el exterior”, aseguró la Cancillería china. India y China son, actualmente, los principales emisores de estudiantes internacionales hacia Estados Unidos.

La comunidad estudiantil ha reaccionado con angustia. Walid Akef, estudiante egipcio de posgrado en historia del arte, expresó: “Esto arruina 20 años de esfuerzo. Soñé con Harvard durante 15 años”. Para Kat, una estudiante china próxima a graduarse, “el mayor miedo es una deportación inmediata”.

¿Qué está en juego?

La pugna entre Harvard y la Casa Blanca ha desatado una tormenta legal, política y académica que amenaza con redefinir el papel del Gobierno federal en la educación superior. Para muchos, se trata de una prueba de fuego sobre los límites de la autonomía universitaria en EE. UU.

Harvard sostiene que la extralimitación del Ejecutivo compromete investigaciones críticas en áreas como el cáncer, enfermedades infecciosas y tecnología médica. “Las consecuencias serán graves y duraderas”, advirtió Garber. “El progreso científico y la posición de EE. UU. como líder mundial en innovación están en juego”.

Con Reuters, AP, AFP, EFE

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