En 2024, desde Estados Unidos se transfirieron alrededor de 160.000 millones de dólares a familias en América Latina. Sin embargo, una parte de este dinero podría estar en la mira de un nuevo impuesto impulsado por sectores del Partido Republicano, liderado por el expresidente Donald Trump.
La iniciativa plantea aplicar un gravamen del 5 % a las remesas que envían migrantes a sus países de origen, lo que ha generado una ola de preocupación en la región. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó la propuesta durante la inauguración de un hospital en Los Cabos, afirmando: “No se puede gravar dos veces a quienes ya pagan impuestos”, en alusión a los trabajadores migrantes.
Un flujo vital de dinero
Según el informe anual del Departamento de Migración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en 2024 las remesas hacia América Latina y el Caribe alcanzaron los 160.900 millones de dólares, un incremento de 7.700 millones respecto al año anterior. México lidera la lista con 64.700 millones, seguido por Guatemala (21.500 millones), lo que representa una entrada diaria de aproximadamente 177 millones de dólares solo en territorio mexicano.
La importancia de este flujo de dinero es crítica para muchas economías. De acuerdo con Jesús Alejandro Cervantes González, del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), las remesas representan hasta el 27 % del PIB en países como Nicaragua, y entre el 19 y el 26 % en Honduras, El Salvador, Guatemala, Haití y Jamaica.
«Las remesas alivian las restricciones presupuestarias de millones de hogares, reducen la pobreza y permiten financiar consumo básico, educación, salud, vivienda e incluso emprendimientos familiares», señala Cervantes.
En México, 4,5 millones de hogares y 9,8 millones de adultos reciben remesas, especialmente en zonas rurales de alta vulnerabilidad.
Controles de identidad y restricciones
El debate sobre las remesas no se limita al impuesto. En Florida, el gobernador Ron DeSantis estudia implementar controles de identidad en las transferencias, obligando a los remitentes a demostrar su estatus migratorio legal. Según reportes de El Economista, esta medida busca impedir que migrantes indocumentados envíen dinero al extranjero.
El senador mexicano Antonino Morales, del partido Morena, calificó estas propuestas como “discriminatorias y racistas”, ya que afectan directamente a migrantes en situación irregular. Además del impuesto, los controles podrían restringir el acceso a programas de salud como Obamacare o Medicare.
Un impuesto polémico y con consecuencias inciertas
Cervantes explica que el gravamen propuesto se aplicaría a los migrantes que no son ciudadanos estadounidenses, lo que incluye tanto a indocumentados como a residentes legales. De aprobarse, podría entrar en vigor en 2026 y tendría un impacto negativo considerable sobre el volumen de remesas hacia América Latina, especialmente en países altamente dependientes como México, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua.
Además del impacto económico, el impuesto podría incentivar canales informales de envío de dinero, como mensajeros o plataformas digitales que utilicen criptomonedas, alerta el experto del CEMLA.
Malestar entre votantes latinos
El plan también podría generar un efecto político adverso para los republicanos. Las imágenes de detenciones de migrantes y las restricciones crecientes hacia la comunidad latina han generado descontento, incluso en estados clave como Florida. En las elecciones presidenciales de 2024, Trump recibió un respaldo latino mayor que en 2020. Sin embargo, algunos votantes hispanos ya expresan sentirse traicionados por el giro de su partido.
La presidenta Sheinbaum llamó directamente a los mexicanos en EE. UU. a manifestar su rechazo ante sus representantes locales. Este mensaje parece haber surtido efecto, y según medios locales, algunos legisladores han frenado el avance inicial del proyecto. No obstante, la iniciativa sigue viva y su aprobación no está descartada.