Guyana y Venezuela mantienen una histórica disputa territorial por la región del Esequibo, un conflicto que se remonta al siglo XIX y que continúa generando tensiones diplomáticas y jurídicas entre ambos países.
La controversia se intensificó a partir de 2015, luego de que la petrolera ExxonMobil descubriera importantes yacimientos de hidrocarburos en aguas cercanas al territorio en disputa. Desde entonces, Guyana se ha convertido en uno de los países con mayores reservas de petróleo per cápita del mundo, lo que aumentó el valor estratégico y económico de la zona.
El Esequibo, una región de unos 160.000 kilómetros cuadrados rica en recursos naturales, representa más de dos tercios del territorio guyanés y actualmente está bajo administración de Georgetown. Sin embargo, Venezuela sostiene que esa área le pertenece históricamente y mantiene su reclamación sobre la soberanía del territorio.
Guyana defiende que sus fronteras fueron establecidas de manera definitiva mediante el Laudo Arbitral de París de 1899 y busca que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ratifique esa decisión. Caracas, en cambio, considera que dicho laudo fue fraudulento y argumenta que el Acuerdo de Ginebra de 1966 dejó abierta la controversia territorial y estableció la negociación bilateral como mecanismo para resolverla.
Durante las recientes audiencias en La Haya, la representación venezolana reiteró su “posición histórica” y negó reconocer la jurisdicción de la CIJ para decidir sobre la soberanía del Esequibo. Los delegados insistieron en que su participación en el proceso “no implica en modo alguno un reconocimiento de la competencia de la Corte” en la disputa territorial.
La vicepresidenta y presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo ante el tribunal que ambas partes reconocieron en 1966 que el diferendo seguía sin resolverse y acordaron que la vía adecuada era la negociación política, no una imposición judicial. “Solo una solución política y negociada de la controversia territorial puede sentar bases sólidas y estables para la buena vecindad”, afirmó.
mg (AFP, El Comercio)