Irregularidades en el proceso electoral, una inédita fragmentación política y denuncias de fraude sin pruebas han sumido nuevamente a Perú en un escenario de incertidumbre institucional. A casi un mes de celebrada la primera vuelta presidencial del 12 de abril, el país aún no conoce oficialmente quién disputará el balotaje frente a Keiko Fujimori el próximo 7 de junio.
La demora en el escrutinio, las actas observadas y la estrecha diferencia entre los candidatos han alimentado el descontento ciudadano y abierto un debate sobre la legitimidad del proceso electoral. Incluso algunos sectores ya plantean la posibilidad de repetir los comicios, mientras crece el temor a una nueva crisis política.
Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga disputan el pase al balotaje
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) continúa el conteo de votos, pero con más del 99 % de las actas procesadas todavía no logra definir si el rival de Fujimori será Roberto Sánchez o Rafael López Aliaga.
Hasta el sábado 9 de mayo, la diferencia entre ambos candidatos era inferior a los 16.000 votos, mientras el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) seguía evaluando alrededor de mil actas observadas, muchas provenientes de zonas rurales y del voto en el extranjero.
El corresponsal de France 24 en Lima, Francisco Zacarías, explicó que una de las principales dificultades surgió por errores en el marcado de las papeletas. Muchos ciudadanos, enfrentados a una cédula con decenas de candidatos, marcaron fuera del recuadro correspondiente, lo que provocó la anulación de sus votos y obligó a revisar cada caso individualmente.
La politóloga Kathy Zegarra, integrante de la Red de Politólogas del Perú, señaló que las recientes modificaciones en las reglas para resolver impugnaciones también han ralentizado el proceso.
“Esto ha hecho que el procedimiento sea mucho más largo y que el Jurado Nacional de Elecciones demore más tiempo en confirmar lo que muchos expertos ya proyectan: una segunda vuelta entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori”, sostuvo.
La “narrativa del fraude” vuelve al centro del debate
La incertidumbre electoral ha sido aprovechada políticamente por sectores que denuncian un supuesto fraude sin presentar pruebas concluyentes.
Rafael López Aliaga afirmó ante la prensa extranjera acreditada en Perú que “se está consumando un golpe de Estado” y aseguró que el país enfrenta “una segunda vuelta ilegítima”. El candidato ultraderechista incluso adelantó que desconocerá el resultado final, tanto si gana Fujimori como si triunfa Sánchez, y anunció que recurrirá a organismos internacionales.
En paralelo, simpatizantes de partidos de centro e izquierda se movilizaron frente a la sede del Jurado Nacional de Elecciones para defender la validez del voto popular y exigir respeto al conteo oficial.
Para Zegarra, el escenario recuerda lo ocurrido en 2021, cuando Fujimori denunció fraude tras la ajustada victoria de Pedro Castillo.
“Los márgenes son pequeños y eso facilita que aparezcan discursos que intentan instalar la idea de fraude, pese a que los observadores nacionales e internacionales han descartado una manipulación sistemática de los resultados”, explicó.
La analista considera que esta narrativa fue impulsada desde antes de las elecciones por sectores de derecha que cuestionaron permanentemente la credibilidad de la ONPE y de las autoridades electorales.
Críticas a la ONPE y preocupación por la segunda vuelta
Aunque especialistas y observadores coinciden en que no existe evidencia de fraude organizado, sí reconocen fallas operativas y retrasos importantes en el desarrollo del proceso.
Zegarra cuestionó especialmente el desempeño de la ONPE en Lima y en regiones alejadas del país.
“Perú tiene un sistema electoral muy complejo por su geografía y dispersión territorial, pero hubo una respuesta lenta y tardía de las autoridades. Tampoco se reconocieron errores a tiempo”, indicó.
La preocupación principal ahora es garantizar que la segunda vuelta presidencial se realice sin incidentes y con mayores niveles de transparencia.
“Estamos en una situación muy delicada. La segunda vuelta tiene que ser impecable para evitar nuevos cuestionamientos y posibles episodios de violencia”, advirtió la politóloga.
¿Puede repetirse la elección?
Las tensiones aumentaron luego de que López Aliaga sugiriera públicamente repetir los comicios. A ello se sumaron declaraciones de algunos militares retirados que plantearon la posibilidad de un “gobierno de transición” encabezado por las Fuerzas Armadas durante un año, antes de convocar a nuevas elecciones.
El contexto revive el clima de polarización política que marcó los últimos años en Perú y reabre dudas sobre la estabilidad institucional del país.
Analistas advierten que un resultado ajustado en el balotaje podría desencadenar nuevamente acusaciones de fraude y movilizaciones callejeras.
“Si la diferencia entre candidatos es mínima, existe el riesgo de que vuelvan los cuestionamientos al sistema electoral y aumente la tensión social”, sostuvo Zegarra.
Atomización política y crisis de representación
La crisis también refleja el profundo deterioro del sistema político peruano. Aunque Keiko Fujimori fue la candidata más votada en la primera vuelta, apenas alcanzó alrededor del 17 % de los sufragios.
Otros seis candidatos obtuvieron porcentajes entre el 7 % y el 12 %, configurando un escenario de extrema fragmentación.
Estas elecciones registraron además un número histórico de postulantes. Inicialmente se inscribieron cerca de 46 partidos políticos y finalmente participaron 35 candidatos presidenciales.
La enorme cantidad de opciones convirtió la cédula electoral en una de las más extensas de la historia peruana, complicando la decisión de los votantes y aumentando los errores al sufragar.
“Muchos electores llegaron desinformados y tuvieron apenas un minuto para decidir frente a una papeleta gigantesca. Eso generó confusión y una gran cantidad de votos inválidos”, explicó Zacarías.
La situación se agravó tras la eliminación, en 2023, de la ley que establecía elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. La medida facilitó la proliferación de partidos y candidaturas con escasa representación nacional.
“Son minicandidaturas, candidatos muy pequeños, en un contexto de enorme descrédito de la clase política y ausencia de liderazgos capaces de generar esperanza o consenso”, concluyó Zegarra.