La limitada capacidad del sistema judicial para sancionar este delito agrava su expansión en el país
La extorsión se consolida como uno de los principales problemas de seguridad en el Perú. De acuerdo con el último informe del Observatorio del Crimen y la Violencia, el 25% de los peruanos mayores de 18 años afirma haber sido víctima o conocer a alguien afectado por este delito en los últimos tres meses, lo que equivale a más de seis millones de personas a nivel nacional.
Lejos de disminuir, el fenómeno muestra una preocupante transformación territorial. Aunque en Lima se registra una ligera reducción, la incidencia crece en el interior del país, especialmente en regiones del centro, sur y oriente, así como en zonas rurales.
Este desplazamiento evidencia una diversificación del delito, que ahora alcanza a poblaciones con menor acceso a mecanismos de protección y financiamiento formal. El informe advierte que esta expansión responde a estrategias del crimen organizado para ampliar sus áreas de operación.
Crecen los delitos económicos
El estudio también alerta sobre el avance de modalidades vinculadas a la criminalidad económica. Entre ellas destaca el sistema de préstamos informales conocido como “gota a gota”, cuya incidencia pasó de 15% en 2024 a 19% en 2025, con mayor presencia en ciudades del interior y regiones del centro del país.
Asimismo, las estafas digitales y telefónicas afectan al 27% de la población adulta, es decir, más de 6.6 millones de personas. Este incremento está directamente relacionado con el mayor uso de teléfonos móviles, redes sociales y plataformas digitales.
Si bien durante 2025 se realizaron cerca de mil operativos policiales contra el crimen organizado, el informe advierte que estos resultados siguen siendo insuficientes frente a la magnitud del problema y están limitados por debilidades estructurales en la institución policial.
Homicidios focalizados y patrones delictivos
El análisis territorial revela una alta concentración de homicidios en determinadas zonas del país. Lima, Callao y La Libertad concentran una proporción significativa de los casos, mientras que provincias como Trujillo, Piura y Sullana se mantienen como focos persistentes de violencia.
A nivel distrital, los crímenes se concentran en áreas urbanas densamente pobladas, lo que permitiría intervenciones focalizadas. Sin embargo, el reporte señala la ausencia de estrategias sostenidas en estos territorios.
En cuanto a los horarios, se identifican diferencias marcadas: mientras en Lima no hay una brecha significativa entre delitos diurnos y nocturnos, en otras regiones los homicidios durante la noche casi duplican a los del día.
Armas, transporte y redes criminales
El uso de armas de fuego predomina ampliamente en los homicidios, con más de 1,300 casos asociados a este tipo de armamento, generalmente vinculados a sicarios que operan dentro de redes de extorsión.
El acceso a estas armas se da a través de robos, mercados ilegales e incluso la participación de agentes corruptos, por lo que el control de este flujo resulta clave para reducir la violencia.
El sector transporte es uno de los más golpeados por la criminalidad. En 2025 se registraron 239 transportistas asesinados —entre mototaxistas, taxistas y conductores de transporte público—, en su mayoría víctimas de extorsión.
Feminicidios y debilidad institucional
El informe también aborda la violencia de género, señalando que los feminicidios ocurren principalmente en el ámbito doméstico y afectan sobre todo a mujeres entre 18 y 40 años. A diferencia de los homicidios vinculados al crimen organizado, en estos casos predominan las agresiones físicas y el uso de armas distintas a las de fuego.
Pese al incremento de denuncias por extorsión, la respuesta del sistema de justicia sigue siendo limitada. El número de personas privadas de libertad por este delito se ha mantenido prácticamente estable en los últimos años, lo que evidencia fallas en la investigación y sanción.
Esta situación desalienta la denuncia y contribuye a la expansión del delito en distintos sectores del país.
Falta de infraestructura y retos legales
El reporte subraya la necesidad de implementar sistemas integrados de seguridad, como los centros de comando C5i, que permiten articular información en tiempo real y mejorar la respuesta frente al delito. No obstante, en el Perú aún no existe un sistema plenamente operativo de este tipo.
Esta carencia reduce la capacidad de prevención y reacción, especialmente frente a delitos como la extorsión y el sicariato, que afectan con mayor intensidad a sectores críticos como el transporte público.
Finalmente, el documento analiza recientes cambios en el marco legal sobre seguridad ciudadana y crimen organizado. Si bien algunas medidas buscan endurecer las sanciones, también advierte que ciertos ajustes podrían generar efectos contraproducentes o abrir espacios a la corrupción en su aplicación.