La Asamblea Nacional de Ecuador censuró y destituyó este miércoles (18.02.2026) al entonces presidente del Consejo de la Judicatura de Ecuador, Mario Godoy, en el marco del juicio político seguido en su contra por presunta corrupción.
Con 148 votos a favor y una abstención, el Parlamento aprobó la resolución que, además de la destitución, contempla su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante dos años.
El proceso se desarrolló pese a que Godoy presentó horas antes su renuncia “irrevocable” al cargo. No obstante, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, advirtió que la sesión se realizaría “con o sin su presencia”.
Tras la votación, Olsen afirmó ante el pleno que la Asamblea demostró que es “posible actuar con responsabilidad y en cumplimiento de la ley” y sostuvo que con esta censura “no gana una fuerza política u otra, sino el respeto a las reglas y al procedimiento democrático”.
Presuntas presiones a un juez
El juicio político se activó luego de que en diciembre se hicieran públicas supuestas presiones contra el juez Carlos Serrano por parte de un exdirectivo de la Judicatura cercano a Godoy. Según las denuncias, se habría intentado influir en el magistrado para que absolviera a un narcotraficante serbio procesado por lavado de activos.
Durante la sesión, Olsen dio lectura al informe de la Comisión de Fiscalización —de unas 70 páginas— que recomendaba continuar con el juicio político. El documento recogía también las declaraciones de Godoy, quien negó haber ejercido presiones sobre el juez Serrano.
La Comisión concluyó que el exfuncionario es “responsable político por la inoperancia en su gestión como máxima autoridad de la Función Judicial”.
Renuncia irrevocable
En su carta de renuncia, Godoy sostuvo que “la coyuntura política actual evidencia que los intereses y cálculos partidistas han adquirido una fuerza que supera la voluntad de servicio y los grandes esfuerzos institucionales realizados”.
Añadió que cuando “las agendas particulares y las presiones externas se imponen sobre la planificación técnica y el compromiso con el Estado de derecho, se debilita la posibilidad de ejecutar las reformas estructurales que el país demanda”.
“Creo firmemente que la institucionalidad debe estar por encima de cualquier persona y que, cuando las condiciones políticas impiden avanzar con coherencia y responsabilidad, corresponde actuar en consecuencia”, concluyó.