La medida, vinculada a su presunta participación en el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, deberá ser ratificada por el Pleno del Congreso.
La Comisión Permanente aprobó este lunes el informe que recomienda inhabilitar por diez años a la ex primera ministra Betssy Chávez para ejercer cualquier cargo público. La decisión se sustenta en su presunta intervención en el intento de golpe de Estado encabezado por Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022. El documento obtuvo 17 votos a favor, cuatro en contra y ninguna abstención, y será elevado al Pleno del Congreso para su resolución final.
La acusación fue sustentada por la congresista Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y se basa en la supuesta infracción de los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución. La propuesta, originalmente planteada por la legisladora Patricia Chirinos, señala que Chávez habría participado de manera activa en reuniones previas, en las acciones durante la disolución inconstitucional del Parlamento y en los intentos posteriores de reorganizar el Ejecutivo.
Durante la sesión, Chávez —actualmente suspendida como parlamentaria— fue representada por su abogado, Raúl Noblecilla, quien alegó la ausencia de pruebas que acrediten su participación directa en la planificación del golpe. Sin embargo, los integrantes de la Comisión
Permanente decidieron avanzar con la acusación constitucional. Los congresistas Lady Camones y Jorge Montoya serán los encargados de sustentar la propuesta ante el Pleno.
Según el informe, la ex jefa de gabinete no solo intervino en los hechos inmediatos, sino también en la fase preparatoria y en los intentos posteriores de reestructurar el gobierno tras el fracaso del golpe, lo que constituye una violación a los deberes de defensa del orden democrático.
“La comisión recomienda la sanción más severa posible bajo el artículo 100 de la Constitución”, señala el documento aprobado. De confirmarse en el Pleno, Chávez quedaría impedida de ejercer funciones públicas hasta 2035, en línea con sanciones aplicadas previamente a otros altos funcionarios por infracción constitucional grave.
El debate en el Pleno se realizará en los próximos días, aunque la fecha aún no ha sido definida. De ratificarse la sanción, se notificará de inmediato al Jurado Nacional de Elecciones, lo que excluiría a la ex primera ministra de cualquier proceso electoral futuro.
A este escenario se suma el proceso penal que Chávez enfrenta por el presunto delito de rebelión en el mismo caso. La Fiscalía ha solicitado una condena de 25 años de prisión y mantiene vigentes medidas restrictivas, entre ellas la prohibición de salida del país y el mandato de comparecencia restringida.