El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que pedirá a los republicanos en el Congreso ampliar más allá de 30 días el control federal sobre el Departamento de Policía Metropolitana (MPD) de Washington D.C., plazo que comenzó el lunes tras declarar una “emergencia criminal” en la capital mediante orden ejecutiva. Según Trump, la medida podría servir de modelo para otras ciudades.
El mandatario asumió el control del MPD amparado en la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia, que permite al presidente intervenir en “condiciones especiales de emergencia”. Sin embargo, la ley limita esa intervención a un mes, salvo que el Congreso la prorrogue por resolución conjunta. El lunes, además, Trump ordenó desplegar 800 efectivos de la Guardia Nacional, sumados a cientos de agentes federales en la ciudad.
Tensión sobre la cadena de mando
La Casa Blanca asegura que la fiscal general Pam Bondi y el director interino de la DEA, Terry Cole, tienen la autoridad máxima sobre la policía local. No obstante, la jefa del MPD, Pamela Smith, sostiene que solo responde a la alcaldesa demócrata Muriel Bowser. Aunque ambas partes afirman cooperar, persisten dudas sobre quién toma las decisiones operativas y de personal.
Operativo y detenciones
Más de 1.450 agentes —entre policía local, Guardia Nacional y federales— patrullaban la ciudad el martes por la noche. Desde el 7 de agosto, se han realizado 103 detenciones, incluyendo un homicidio, 33 cargos por armas de fuego y 23 por inmigración, además de la incautación de 24 armas.
Obstáculos políticos y advertencia de emergencia nacional
En el Congreso, cualquier intento de extender el control federal enfrenta pocas probabilidades de éxito en el Senado, dominado por los demócratas. Trump advirtió que, si el Legislativo no actúa, podría declarar una “emergencia nacional” para ampliar su control, aunque expertos legales cuestionan que la Ley de Autonomía le otorgue esa facultad.
El presidente ya ha utilizado declaraciones de emergencia para implementar medidas controvertidas, desde aranceles a importaciones hasta operativos migratorios, muchas veces en contra de autoridades locales y generando demandas judiciales.
Con Reuters, AP y medios locales