El expresidente Álvaro Uribe fue declarado culpable de soborno a testigos y fraude procesal, convirtiéndose en el primer exmandatario colombiano condenado penalmente. El fallo ha profundizado la división política en un país donde Uribe ha sido figura central durante décadas.
Mientras unos lo consideran un perseguido político, otros celebran el veredicto como una muestra de que nadie está por encima de la ley. En las calles de Bogotá, cacerolazos y protestas evidenciaron el clima polarizado.
Aunque el juicio no abordó directamente el escándalo de los «falsos positivos», el tribunal concluyó que Uribe intentó silenciar a testigos que vinculaban a su entorno con grupos paramilitares.
«La justicia no está al servicio de la política ni de la historia, sino del pueblo colombiano», afirmó la jueza Sandra Heredia al leer la sentencia durante una audiencia de más de 10 horas. Expertos como Rosembert Ariza niegan que se trate de lawfare, y consideran que la derecha busca deslegitimar una derrota judicial con impacto político.
La decisión ha generado reacciones encontradas. El senador Iván Cepeda, víctima en el proceso, destacó el abuso de poder demostrado por Uribe. En cambio, sus seguidores denuncian persecución, especialmente al contrastar su condena con la presencia de exguerrilleros de las FARC en el Congreso.
De cara a las elecciones de 2026, el fallo reconfigura el panorama político. El Centro Democrático deberá replantear su estrategia, posiblemente centrada en el victimismo. «La disputa estará en el centro político», advierte Ariza, quien también anticipa una campaña electoral marcada por confrontaciones y escasa propuesta programática.