La industria armamentística alemana vive un auge: la Bundeswehr busca convertirse en el Ejército más fuerte de Europa, y las inversiones en defensa alcanzan niveles históricos. Sin embargo, expertos advierten que el estímulo económico será limitado.
El 18 de marzo de 2025, el Bundestag aprobó un endeudamiento sin precedentes: 400.000 millones de euros para infraestructura y 100.000 millones para el clima. A esto se suma un aumento sostenido del gasto militar.
Boom armamentístico y ganancias récord
Empresas como Rheinmetall, principal fabricante de defensa, han visto dispararse sus acciones de 59 euros en 2020 a más de 1.700 euros en junio de 2025. UBS estima que alcanzarán los 2.200. Para sus directivos, el gasto en defensa actúa como un “programa de estímulo económico”.
Economistas piden cautela
No obstante, especialistas como Tom Krebs, de la Universidad de Mannheim, advierten que el efecto sobre la economía será modesto. Cada euro gastado en defensa generaría solo 50 céntimos de actividad económica, frente al retorno mucho mayor de la inversión en educación o infraestructura civil.
Krebs lo resume así: “El gasto militar funciona como un seguro. Si no se usa, se pierde. No genera valor como lo harían una escuela, un puente o un jardín infantil”.
Poca competencia, precios en alza
La cartera de pedidos de Rheinmetall se disparó a 63.000 millones de euros en el primer trimestre de 2025, frente a los 24.000 millones antes de la guerra en Ucrania. Pero el aumento de la demanda en un mercado poco competitivo ha provocado una subida de precios, más favorable a los beneficios privados que a la eficiencia en defensa.
Tanques en lugar de autos
Varias empresas civiles están reorientando su producción hacia la industria militar. Deutz AG, con ventas a la baja, ya fabrica motores para vehículos militares. Volkswagen explora reconvertir fábricas en crisis para producir tanques. La tecnológica Trumpf podría enfocarse en sistemas láser defensivos, como los usados contra drones.
¿Beneficios colaterales en innovación?
Los economistas reconocen que el gasto en defensa puede impulsar investigación y desarrollo, pero advierten que debe traducirse en avances para la economía civil. Por ello, proponen que el Estado adquiera participaciones en empresas del sector, para asegurar un uso más eficiente de los fondos públicos.