Un tribunal federal suspendió este jueves (12 de junio de 2025) la orden del presidente Donald Trump de desplegar a la Guardia Nacional en las calles de Los Ángeles, al considerar que la medida fue ilegal y excedió los límites de su autoridad constitucional.
La jueza federal a cargo del caso determinó que Trump actuó fuera del marco legal al federalizar a la Guardia Nacional el pasado sábado, cuando ordenó el despliegue de 2.000 soldados en el centro de Los Ángeles, con el objetivo de proteger edificios federales y contener las masivas protestas contra las redadas migratorias. Dos días después, el presidente ordenó enviar a otros 2.000 efectivos adicionales.
“Sus acciones fueron ilegales, excedieron el alcance de su autoridad estatutaria y violaron la Décima Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. En consecuencia, debe devolver de inmediato el control de la Guardia Nacional al gobernador del estado”, señala la resolución, citada por el gobernador de California, Gavin Newsom.
El fallo representa una victoria para Newsom, quien presentó el martes pasado una demanda junto al fiscal general del estado, Rob Bonta, contra el presidente Trump y el secretario de Defensa, Peter Hegseth, por lo que calificaron como una “ilegal federalización” de las fuerzas estatales.
“El tribunal acaba de confirmar lo que todos sabemos: el Ejército debe estar en el campo de batalla, no en las calles de nuestras ciudades”, expresó Newsom en un mensaje publicado en X (antes Twitter).
Casa Blanca apela decisión judicial
La Casa Blanca no se pronunció de inmediato sobre el fallo, pero el gobierno federal presentó una apelación ante el Tribunal del Noveno Circuito. Hasta el cierre de esta edición, no estaba claro cómo afectará la decisión judicial al despliegue actual de tropas.
La confrontación entre el gobierno federal y la administración de California se ha intensificado en los últimos días, luego de que Trump decidiera enviar a la Guardia Nacional para controlar las protestas en Los Ángeles, desatadas tras una serie de redadas llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en centros de trabajo.
El despliegue incluye un total de 4.000 soldados de la Guardia Nacional, a los que se sumaron unos 700 marines, con un costo estimado de 134 millones de dólares por hasta 60 días, cubriendo transporte, alimentación, alojamiento y logística, según cifras del Pentágono.
Gobierno insiste en mantener redadas migratorias
A pesar del fallo judicial y las protestas en varias ciudades del país, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que la administración Trump continuará con su política migratoria. “Seguiremos con nuestra ofensiva para asegurar nuestras fronteras y aplicar la ley, sin dejarnos intimidar por la violencia en las calles”, declaró.
Se prevé que durante el fin de semana se realicen manifestaciones masivas contra las políticas migratorias del gobierno en distintas ciudades de Estados Unidos, cuyos alcaldes han instado a la ciudadanía a protestar de forma pacífica.