Este 29 de mayo marcó el fin de las campañas electorales de más de 7.700 aspirantes al Poder Judicial mexicano, quienes tras 60 días de actividades proselitistas deberán guardar silencio hasta el próximo 1 de junio, fecha de la primera elección judicial directa en la historia del país. En este contexto, el Instituto Nacional Electoral (INE) advirtió sobre posibles delitos electorales en la recta final hacia una jornada inédita y compleja.
Durante dos meses, México vivió una intensa actividad pública: mítines masivos —muchos en el límite de lo permitido—, propaganda en redes sociales y una ciudadanía aún confundida sobre la naturaleza de este nuevo proceso electoral, que busca renovar cientos de cargos judiciales federales y estatales.
A partir de este miércoles, y conforme a los lineamientos aprobados por el INE, queda prohibida toda forma de promoción por parte de los candidatos. «Lo que hicieron en campaña ya está hecho. A partir del 29 de mayo no pueden publicar ni decir nada nuevo. Es momento de que la ciudadanía se prepare para una elección compleja», explicó la consejera del INE, Claudia Zavala.
Campañas atípicas para una elección sin precedentes
En una contienda que prohíbe el uso de recursos públicos y grandes aportes privados, muchos candidatos centraron sus campañas en redes sociales. Sin embargo, algunas figuras cercanas al oficialismo, como Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz —aspirantes a presidir la Suprema Corte de Justicia— realizaron eventos masivos y actividades tradicionales de contacto directo con la población.
“Está en sus manos decidir si llegan los mejores perfiles o jueces incapaces de transformar, para bien, el Poder Judicial”, declaró Ortiz durante su mitin de cierre en Chalco, Estado de México.
La OEA supervisa una elección bajo la lupa internacional
La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) llegó este miércoles al Senado mexicano, donde expresó su compromiso de garantizar la transparencia del proceso y vigilar el respeto a principios como la independencia judicial y el acceso a la justicia.
“El fortalecimiento de la democracia constitucional es una de nuestras prioridades”, subrayó Heraldo Muñoz Valenzuela, jefe de la delegación, durante su presentación ante el Congreso.
La elección, derivada de la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, definirá 881 cargos federales y más de 1.800 puestos estatales y locales en 19 entidades. Además, estados como Veracruz y Durango celebrarán elecciones locales para más de 1.000 cargos públicos, lo que convierte al 1 de junio en una de las jornadas electorales más extensas y complejas de la historia reciente del país.
Baja participación, el principal desafío
A pesar de la magnitud del proceso, la participación ciudadana se presenta como uno de sus mayores retos. Según una encuesta de Enkoll para El País, el 77% de los mexicanos no conoce a los candidatos, y se estima que solo entre el 20% y 34% del electorado acudirá a votar, muy por debajo del 61% registrado en las elecciones presidenciales de 2024.
Acordeones y presiones políticas: advertencias del INE
El INE también ha alertado sobre prácticas irregulares, como la difusión masiva de “acordeones”, listas impresas con nombres de candidatos que algunos ciudadanos llevan a las urnas. Si bien el uso personal de estas listas no está prohibido, su impresión y distribución a gran escala sí constituye una falta electoral.
Además, el instituto investiga quejas contra partidos políticos por presunta injerencia en la campaña. En Nuevo León, el Movimiento Ciudadano fue señalado, mientras que en la Ciudad de México las denuncias apuntan al partido oficialista Morena.
“Debemos respetar la decisión libre de cada ciudadano. Nadie debe decirle a nadie cómo votar”, reiteró Zavala a Reuters.
Con información de EFE y Reuters