A más de una semana del anuncio de la presidenta Dina Boluarte sobre la intervención y envío al depósito de toda motocicleta que circule con dos ocupantes, la medida sigue sin aplicarse en varias zonas de Lima. En distritos como Huaycán y Santa Anita, motocicletas con dos pasajeros continúan transitando sin restricciones, y sin presencia visible de operativos policiales.
Durante un recorrido por distintas calles de la capital, se constató la circulación constante de estas unidades, muchas veces en abierta burla a la disposición oficial. En algunos casos, los infractores incluso se muestran desafiantes frente a las cámaras, evidenciando la falta de control y fiscalización.
Uno de los episodios más graves ocurrió en Huaycán (Ate Vitarte), donde un delincuente arrojó un artefacto explosivo frente a la vivienda de un comerciante y luego huyó en una motocicleta conducida por su cómplice, infringiendo la norma presidencial. Este acto se enmarca en una creciente ola de extorsiones que afecta a la zona, donde la autoridad del Estado parece ausente ante la inacción policial.
Edwin Derteano, presidente de la asociación Transitemos, cuestionó la legalidad y viabilidad de la medida. “No hay reglamento, no hay sanciones claras. Todo queda en el discurso”, afirmó, calificando la disposición como “improvisada e inconstitucional”.
¿UNA MEDIDA DESESPERADA?
Para Derteano, lo anunciado por el Ejecutivo no es más que un “manotazo de ahogado”. A su juicio, sin una estrategia integral ni acciones de inteligencia operativa, este tipo de medidas no solo resultan ineficaces, sino que también socavan la ya frágil autoridad del Estado.
Mientras tanto, la delincuencia y la informalidad continúan ganando terreno, en un escenario donde las declaraciones del más alto nivel del gobierno no se traducen en acciones concretas en las calles.