La nueva norma permitirá a la Policía ingresar a domicilios con autorización judicial para detener a extranjeros que tengan órdenes de expulsión vigentes. También facilitará el acceso a información de personas indocumentadas.
El Congreso de Chile aprobó este martes 20 de octubre una ley destinada a agilizar la expulsión de inmigrantes en situación irregular. Entre sus principales disposiciones, la norma autoriza a la Policía a solicitar una orden judicial para ingresar a domicilios y detener a personas que tengan una orden de expulsión del país.
La iniciativa fue presentada originalmente en 2024 por el entonces presidente de izquierda, Gabriel Boric, y posteriormente recibió un nuevo impulso durante la administración del mandatario derechista José Antonio Kast, quien asumió el poder en marzo de este año.
La expulsión de más de 330.000 migrantes en situación irregular, cifra estimada de extranjeros que se encuentran en esa condición en Chile, fue una de las principales promesas de campaña de Kast.
Según informó el Senado chileno, la nueva legislación permitirá a la Policía solicitar autorización a un juez para ingresar a una vivienda con el único propósito de detener a una persona que cuente con una orden de expulsión. Asimismo, las autoridades podrán requerir información a organismos públicos sobre personas indocumentadas para comunicarles las disposiciones de salida del territorio nacional.
Resultados limitados en las expulsiones
Pese a que Kast ha reiterado su compromiso de combatir la inmigración irregular, fenómeno que vincula con el incremento de la criminalidad, los resultados de su política migratoria han sido limitados.
Durante sus primeros seis meses de gobierno, su administración expulsó a aproximadamente 1.800 personas, principalmente de nacionalidad colombiana, peruana, ecuatoriana y boliviana.
Sin embargo, la comunidad de inmigrantes en situación irregular más numerosa en Chile es la venezolana, cuya expulsión representa uno de los principales desafíos para el Gobierno.
Las relaciones con Venezuela, un obstáculo
El deterioro de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela ha dificultado la ejecución de la política migratoria impulsada por Kast.
Aunque ambos países acordaron normalizar sus relaciones en julio, este acercamiento todavía no se ha traducido en avances significativos en la expulsión de ciudadanos venezolanos.
La aplicación de la nueva ley y la cooperación con los países de origen serán factores importantes para determinar si el Gobierno chileno logra acelerar las deportaciones y cumplir sus objetivos en materia migratoria.