El país cuenta con una cartera de proyectos mineros valorizada en US$ 64.000 millones. Sin embargo, expertos señalan que la excesiva cantidad de trámites y la falta de coordinación entre entidades públicas frenan nuevas inversiones.
El Perú cuenta con un importante potencial geológico, precios internacionales favorables y una cartera de proyectos mineros que asciende a unos US$ 64.000 millones. Sin embargo, convertir estas oportunidades en nuevas inversiones continúa siendo un desafío debido a las trabas burocráticas y la complejidad de los procesos administrativos, coincidieron especialistas durante el panel “Propuestas políticas para el sector minero”, realizado en el marco de Expomina Perú 2026.
Los participantes señalaron que la duplicidad de permisos, la falta de coordinación entre las entidades del Estado y la ausencia de una verdadera ventanilla única constituyen algunos de los principales obstáculos para acelerar los proyectos mineros y generar mayores niveles de inversión, empleo y desarrollo.
En el panel participaron representantes de los sectores público y privado, así como del ámbito académico, quienes coincidieron en la necesidad de simplificar los procedimientos y mejorar la articulación entre las distintas instituciones involucradas en la aprobación de proyectos.
De 12 a 265 procedimientos administrativos
El vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Gonzalo Quijandría, sostuvo que la burocracia es uno de los aspectos que más se ha deteriorado en las últimas décadas.
El también presidente del Comité Sectorial Minero de la SNMPE recordó que en 2001 un proyecto minero debía cumplir con 12 procedimientos administrativos, mientras que actualmente debe afrontar hasta 265, según cifras de Apoyo Consultoría.
Quijandría planteó que la cartera de proyectos mineros valorizada en US$ 64.000 millones sea asumida como un “objetivo país” y forme parte de una política de Estado. Asimismo, propuso avanzar hacia la aplicación del silencio administrativo positivo para determinados procedimientos.
También consideró necesario eliminar la secuencialidad innecesaria entre permisos y simplificar procesos que actualmente generan demoras.
Como ejemplo mencionó el caso de la mina Pucamarca, de Minsur, cuya ubicación en la frontera entre Tacna y Chile obliga a realizar trámites ante la Cancillería, pese a que, según explicó, ello no representa un asunto relacionado con la seguridad nacional.
Estudios de impacto ambiental, entre los principales cuellos de botella
El socio de Apoyo Consultoría, Iván Portocarrero, presentó cifras que reflejan la magnitud de la carga administrativa que enfrenta el sector minero.
Según explicó, actualmente existen cerca de 230 procedimientos administrativos relacionados con la actividad minera, regulados por unas 470 normas y en los que intervienen aproximadamente 30 entidades del Estado.
Portocarrero identificó entre los principales cuellos de botella los plazos para la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Estos procesos demoran, en promedio, 2,5 veces más que el plazo establecido legalmente, mientras que sus modificaciones pueden tardar entre cinco y seis veces el tiempo previsto.
La situación también afecta a los permisos relacionados con el uso del agua. Según el especialista, estos procedimientos pueden llegar a demorar hasta diez veces el plazo establecido, pasando de los 36 días previstos a alrededor de 360 días.
Asimismo, señaló que eliminar la secuencialidad innecesaria entre determinados trámites, como ocurre con algunos procesos vinculados a la consulta previa, podría reducir entre ocho y nueve meses los tiempos de ejecución de un proyecto.
Hacia una Ventanilla Única más predecible
El director general de Promoción y Sostenibilidad Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Michael Acosta, abordó el problema desde la perspectiva de la gestión pública.
El funcionario destacó la necesidad de establecer términos de referencia claros para las entidades encargadas de emitir opiniones técnicas, entre ellas la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).
El objetivo, explicó, es evitar que los proyectos reciban observaciones de fondo que pudieron haberse prevenido desde las primeras etapas del proceso.
Acosta también destacó algunos avances en la coordinación entre entidades, como el desarrollo de un webservice con la ANA para agilizar el intercambio de información.
Asimismo, subrayó la importancia de consolidar una Ventanilla Única Digital del Minem (VUD Minem) que permita evaluar determinados permisos de manera paralela y no consecutiva. De esta forma, se busca reducir los tiempos de tramitación y evitar que los retrasos y sobrecostos terminen desincentivando nuevas inversiones.
Minerales críticos: una oportunidad que no será permanente
Por su parte, el director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico, Carlos Casas, advirtió que el actual ciclo favorable de precios de los minerales críticos no será permanente.
En ese sentido, señaló que el Perú podría perder una importante oportunidad de atraer inversiones si no mejora su competitividad frente a otros países productores.
Casas planteó revisar integralmente el proceso que sigue un proyecto minero, desde su etapa inicial hasta la construcción y posterior producción, con el objetivo de identificar y eliminar las trabas que generan demoras innecesarias.
También consideró necesario fortalecer la coordinación entre los distintos niveles del Estado, mejorar las capacidades y condiciones de los funcionarios públicos y reducir la desconfianza existente entre los sectores público y privado.
Los especialistas coincidieron en que acelerar la ejecución de la cartera minera no depende únicamente del potencial geológico del país o de los precios internacionales, sino también de la capacidad del Estado para ofrecer reglas claras, procesos ágiles y una gestión pública predecible para los inversionistas.