La protesta de las cooperativas mineras se suma a las movilizaciones de campesinos, maestros y obreros que mantienen bajo presión a la administración de Rodrigo Paz.
Miles de mineros afiliados a cooperativas tomaron este viernes las calles de La Paz y paralizaron gran parte de la capital boliviana para exigir al Gobierno atención a sus demandas, entre ellas el abastecimiento de combustible y explosivos necesarios para sus actividades extractivas.
La movilización derivó en violentos enfrentamientos con unidades antidisturbios de la Policía y profundizó el clima de tensión social que enfrenta el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.
La protesta comenzó en la ciudad de El Alto y avanzó hacia la vecina La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Durante el recorrido, los manifestantes detonaron cargas de dinamita y encendieron petardos, mientras miles de personas quedaban atrapadas por el colapso vehicular y el cierre de vías principales.
Algunos mineros también protagonizaron incidentes con transeúntes que cuestionaban la protesta, respondiendo con insultos y agresiones, en medio de una jornada marcada por el cierre de comercios y la suspensión parcial de actividades en el centro paceño.
Mineros rechazan vínculos con protestas opositoras
El presidente de la Federación de Cooperativas Mineras de La Paz, Ladislao Prado, afirmó que la movilización responde a “demandas justas y necesarias” vinculadas al abastecimiento de insumos y al respeto de la “institucionalidad” de las cooperativas mineras.
Prado aseguró que las exigencias de su sector son distintas a las planteadas por la Central Obrera Boliviana (COB), central sindical que desde la semana pasada impulsa protestas para exigir un incremento salarial del 20 % y que también reclama la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
A estas manifestaciones se suman los bloqueos de carreteras realizados por organizaciones campesinas en el altiplano boliviano, especialmente en el departamento de La Paz, donde las protestas ya superan los nueve días consecutivos.
Violentos enfrentamientos cerca de la sede presidencial
La tensión aumentó cuando la marcha minera llegó a una calle próxima a la Casa Grande del Pueblo, sede del Ejecutivo boliviano, donde efectivos policiales habían instalado un cerco de seguridad reforzado con estructuras metálicas.
Los manifestantes intentaron retirar las barricadas por la fuerza, lo que provocó enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Según reportes oficiales, los mineros utilizaron cargas de dinamita para intentar romper el cordón policial, mientras los agentes respondieron con gases lacrimógenos.
Los choques se prolongaron por más de dos horas y dejaron al menos dos personas arrestadas, pese a que poco antes dirigentes del sector habían ingresado a la sede gubernamental para sostener reuniones con autoridades nacionales.
Un clima de creciente conflictividad social
En las últimas semanas, el Gobierno boliviano enfrenta una escalada de protestas impulsadas por distintos sectores sociales y sindicales, entre ellos mineros, campesinos, maestros, indígenas, transportistas y obreros.
Las demandas abarcan desde aumentos salariales y mejoras económicas hasta cuestionamientos a las políticas estatales y denuncias sobre una presunta privatización de empresas públicas.
La creciente conflictividad social ha colocado a la administración de Rodrigo Paz bajo una fuerte presión política, en medio de un escenario de deterioro económico y creciente malestar ciudadano.