La violencia contra el sector del transporte público continúa en aumento. Con la reciente confirmación de la muerte de José Cumpa, conductor que fue atacado y quemado dentro de su unidad en la zona de Puente Nuevo, ya suman diez los choferes asesinados en lo que va del año en Perú, en medio de una escalada de extorsiones y ataques vinculados al cobro de cupos.
El caso de Cumpa ha generado conmoción entre los transportistas, quienes denuncian que las bandas criminales continúan operando con violencia para presionar a las empresas y conductores a pagar extorsiones. Los ataques contra unidades de transporte público se han vuelto cada vez más frecuentes, elevando la preocupación en el sector.
Comparación con el caso de El Salvador
Este escenario recuerda a la crisis que vivió El Salvador hace más de una década, cuando el país enfrentaba altos niveles de sicariato, extorsiones y presencia de pandillas que controlaban rutas de transporte público. En ese periodo también se registraron ataques y quema de autobuses como forma de presión contra transportistas.
Actualmente, El Salvador es gobernado por Nayib Bukele, cuya administración implementó una política de seguridad con medidas extraordinarias para enfrentar a las organizaciones criminales.
Especialista advierte sobre similitudes
El consultor salvadoreño en seguridad ciudadana Luis Contreras Reyes recordó que entre 2013 y 2014 su país vivió episodios similares de violencia contra el transporte público.
Según explicó, en ese periodo las pandillas incendiaban autobuses e incluso se registraron casos en los que las unidades eran atacadas con pasajeros a bordo. A su juicio, algunos de estos patrones comienzan a replicarse en Perú.
Contreras señaló que uno de los principales factores que agravan la inseguridad en el país es la falta de una estrategia política sostenida para enfrentar al crimen organizado. A ello se suma, indicó, la inestabilidad en la conducción del Estado, lo que dificulta la aplicación de políticas de seguridad a largo plazo.
Asimismo, expresó su preocupación por el nivel de impunidad con el que operan las organizaciones criminales. “Las cámaras registran asesinatos y extorsiones, pero en muchos casos los responsables no son capturados con rapidez”, advirtió el especialista.