Una reciente sentencia judicial ha abierto un nuevo frente de conflicto en torno al puerto de Chancay. El fallo impide al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) ejercer labores de fiscalización en el terminal, mientras que la empresa Cosco Shipping advirtió que podría recurrir a instancias internacionales si la decisión es revertida.
La resolución, emitida en primera instancia por el magistrado Juan Carlos Núñez Matos, del Primer Juzgado Constitucional de Lima, favorece a la compañía operadora del puerto y ha generado un intenso debate sobre los límites de la supervisión estatal en proyectos de inversión extranjera de gran envergadura.
La presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, expresó su preocupación por lo que considera un precedente delicado. Señaló que el organismo cuenta con competencias legales para supervisar la infraestructura portuaria de uso público y advirtió que la medida judicial dificulta garantizar el cumplimiento de la normativa nacional. Asimismo, cuestionó que una empresa administrada por el gobierno chino busque sustraerse del marco regulatorio peruano.
No descartan acudir a tribunales internacionales
Desde la posición de la empresa, su abogado Ramiro Portocarrero sostuvo que la legislación es clara al establecer que la regulación procede cuando existe la prestación de un servicio público. Según su argumento, el puerto de Chancay no brinda un servicio público en sentido estricto, sino servicios al público, distinción que —afirma— limita la competencia del regulador.
Portocarrero añadió que, de configurarse un escenario legal adverso, la compañía evaluará acudir a tribunales internacionales para defender sus intereses, lo que podría escalar la controversia más allá del ámbito judicial peruano.