Desde el penal de Barbadillo, Castillo invocó las facultades constitucionales del jefe de Estado y le recordó que, durante el proceso político que lo llevó al poder, habría prometido concederle la gracia presidencial.
En la solicitud —firmada por Castillo y tramitada por su abogado y exministro de Defensa, Walter Ayala— se cita el numeral 21 del artículo 118 de la Constitución y se apela a razones humanitarias y al principio de confianza legítima. El exmandatario, condenado a once años y cinco meses por conspiración para la rebelión tras el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022, sostiene que su sentencia responde a una “persecución política”.
Castillo afirma que la promesa de indulto “no fue un secreto de Estado”, sino un compromiso público de Balcázar que generó la certeza de que, al asumir la primera magistratura, haría uso de sus atribuciones para “corregir una injusticia”.
Desde su entorno, Ayala aseguró que el ahora presidente interino habría ofrecido el indulto “a los cuatro vientos” y advirtió que un eventual rechazo tendría consecuencias políticas.
No obstante, Balcázar respondió con cautela. En declaraciones a RPP, afirmó que el indulto “no está en agenda” y que cualquier decisión debe sustentarse en “hechos concretos, materiales y objetivos”.