César Cárdenas y Wilfredo Pedraza, exjefes del Instituto Nacional Penitenciario, cuestionan el decreto aprobado en Consejo de Ministros
La promulgación del Decreto Legislativo N.º 1710 ha marcado un punto de inflexión en la administración penitenciaria del Perú. El Gobierno del presidente José Jerí dispuso la disolución del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), una nueva entidad que integra al propio INPE, al Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ) y al Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social (PRONAPRES), todos bajo la rectoría del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
La medida es presentada por el Ejecutivo como parte de una reforma integral orientada a enfrentar la profunda crisis del sistema penitenciario, marcada por el hacinamiento, la corrupción, las fugas, las extorsiones y el avance del crimen organizado desde los centros de reclusión. No obstante, la pertinencia y el impacto real de esta transformación han generado cuestionamientos entre especialistas y exfuncionarios del sector.
Según el decreto, la SUNIR asumirá la administración de los establecimientos penitenciarios y centros juveniles, la ejecución de medidas alternativas a la privación de libertad y el seguimiento postpenitenciario de las personas excarceladas. La nueva entidad contará con autonomía administrativa, funcional y financiera, aunque no presupuestal, ya que toda iniciativa de construcción o mejora de infraestructura continuará supeditada a la aprobación del Ministerio de Justicia.
Entre sus atribuciones también figuran la gestión de la seguridad interna y externa de los penales, la formación del personal penitenciario y la articulación con el sector privado y la sociedad civil en los procesos de tratamiento y reinserción social. El decreto elimina el Consejo Nacional Penitenciario y concentra el mando en un jefe de Superintendencia, quien deberá acreditar al menos diez años de experiencia general y cinco en cargos directivos. Asimismo, se habilita la designación de militares o policías en situación de retiro como altos funcionarios y se exige una experiencia mínima de diez años para quienes asuman la dirección de un establecimiento penitenciario.
El proceso de transición tendrá una duración de noventa días hábiles, prorrogables por treinta días calendario, periodo en el que una Comisión de Transferencia se encargará del inventario y traslado de bienes, personal y recursos. Durante esta etapa, el Ministerio de Justicia podrá contratar empresas privadas para el control del ingreso de visitas y bienes en los penales y centros juveniles.
Pese al anuncio de una reforma estructural, exjefes del INPE han puesto en duda el verdadero alcance de la medida. En declaraciones a Latina, César Cárdenas sostuvo que el decreto carece de un enfoque sustantivo de cambio. “No existe ningún tipo de reforma. ¿Cuál es la propuesta de rehabilitación social que están planteando realizar a propósito de esta reforma? El decreto legislativo no la menciona”, afirmó. A su juicio, la SUNIR se limita a una fusión administrativa sin modificar los modelos de gestión, los mecanismos operativos ni los programas de resocialización.
Cárdenas también advirtió que la nueva entidad no contará con una autonomía económica real y que las restricciones presupuestarias actuales se mantendrán intactas. “Con las limitaciones que tiene el INPE y el PRONACEJ, con esas mismas limitaciones va a funcionar la SUNIR, porque así lo establece la norma”, señaló.
En la misma línea, Wilfredo Pedraza, exministro del Interior y exjefe del INPE, consideró que la reforma no fortalece al sistema penitenciario, sino que lo debilita. Cuestionó la rapidez con la que se pretende implementar el cambio institucional y planteó la conveniencia de postergar su entrada en vigencia. “Lo más razonable sería que se posponga su aplicación hasta que el próximo gobierno decida si la implementa o no”, sostuvo.
Ambos especialistas coincidieron en señalar la ausencia de medidas concretas para enfrentar los problemas estructurales del sistema penitenciario, como el hacinamiento, el déficit de infraestructura y la escasez de personal especializado. Según Cárdenas, los programas de rehabilitación y capacitación mencionados en el decreto ya existían en el INPE, por lo que la creación de la SUNIR no supondría una innovación real en el enfoque de resocialización.