El Tribunal Supremo de España abrió este lunes un juicio sin precedentes contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de filtrar información reservada sobre una investigación por fraude fiscal que involucra al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
González Amador, quien ejerce la acusación particular, y las acusaciones populares solicitan entre 4 y 6 años de prisión y hasta 12 de inhabilitación para García Ortiz por revelación de secretos. La Fiscalía, en cambio, pide su absolución al considerar que no hubo delito.
Siete magistrados —cuatro hombres y tres mujeres— deberán determinar si el fiscal general filtró un correo del 2 de febrero de 2024 en el que el abogado de González Amador admitía dos delitos fiscales por 350.000 euros y proponía un acuerdo con el Ministerio Público.
La defensa sostiene que la información ya era pública y que el correo se usó legítimamente para emitir un comunicado que desmentía “informaciones inexactas” difundidas por algunos medios y políticos.
El proceso, que se desarrollará hasta el 13 de noviembre, ha generado fuerte tensión política. El Partido Popular exige la dimisión del fiscal general, mientras el Gobierno defiende su inocencia. García Ortiz declarará el 12 de noviembre y ha negado tajantemente haber ordenado o realizado filtraciones.
El juicio cuenta con una amplia cobertura mediática: más de 200 periodistas de 59 medios están acreditados, aunque no se permitirá retransmisión en directo. Se espera la comparecencia de unos 40 testigos, entre ellos figuras políticas, fiscales, periodistas y los agentes que registraron por primera vez el despacho del fiscal general del Estado.