Legisladores aseguran que el Parlamento debió debatir el tratado antes de su firma, a pesar de que se informó oportunamente sobre el viaje presidencial y sus objetivos.
Durante su participación en la Cumbre de los Océanos, realizada en Francia, la presidenta Dina Boluarte firmó el denominado «Tratado de Alta Mar», un acuerdo internacional orientado a la protección de la biodiversidad marina en áreas situadas fuera de las jurisdicciones nacionales. Aunque la firma fue autorizada previamente por el Congreso, varios legisladores han manifestado su desacuerdo, señalando que el tratado debía haber sido debatido y aprobado antes de su suscripción.
Controversia política y respaldo diplomático
El canciller Elmer Schialer defendió la actuación de la jefa de Estado, asegurando que todos los parlamentarios fueron debidamente informados sobre el propósito del viaje y que el proceso se desarrolló con transparencia. Asimismo, enfatizó que el tratado no afecta la soberanía del Perú sobre las 200 millas de mar territorial, ya que se aplica únicamente a las zonas de alta mar, es decir, fuera de las zonas económicas exclusivas.
A pesar de estas explicaciones, algunos gremios empresariales también han expresado su preocupación, temiendo posibles impactos negativos sobre actividades como la pesca. Sin embargo, expertos en derecho internacional han recordado que la firma del tratado no implica su aplicación inmediata, ya que aún debe ser ratificado por el Congreso de la República para adquirir validez legal en el país.
A nivel global, el tratado necesita al menos 60 ratificaciones para entrar en vigor, umbral que —según fuentes no oficiales— ya habría sido alcanzado. Hasta el momento, 115 países han firmado el acuerdo y 32 lo han ratificado oficialmente.
Con su eventual entrada en vigencia, se espera que el Tratado de Alta Mar promueva una mayor cooperación internacional para la conservación de los ecosistemas marinos en áreas sin soberanía definida.