El programa de parole humanitario, que permitió a miles de personas de estos países residir legalmente en Estados Unidos, está llegando a su límite de dos años para muchos beneficiarios. A medida que este periodo vence, quienes no hayan encontrado una vía alternativa para regularizar su estatus corren el riesgo de quedar en situación migratoria irregular, lo que los hace vulnerables a la deportación tras las recientes medidas implementadas por Donald Trump.
Ni aquí ni allá. Sandra*, una cocinera nicaragüense que trabaja en un restaurante latino en Florida, llegó a Estados Unidos en 2023 gracias al ‘parole’ humanitario, una iniciativa de la Administración Biden que facilitó la entrada de personas provenientes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití que huían de la crisis en sus países.
Sandra no es su nombre real. Lo único real, dice, es su miedo: aquí, en Estados Unidos, y allá, en Nicaragua, de donde huyó. Tras enviar un video del restaurante donde trabaja, con cumbia de fondo, banderas y mesas vacías, afirma que este ha sido el panorama de los últimos días tras la llegada de Donald Trump.
Un lugar donde los centroamericanos solían reencontrarse con sus raíces a través de la comida, hoy está vacío. El restaurante donde trabaja Sandra refleja la realidad de muchos comercios en Estados Unidos. Colegios, restaurantes, iglesias y centros comunitarios frecuentados por latinos lucen desolados ante el temor de redadas migratorias, desatadas tras la promesa de Trump de expulsar masivamente a los migrantes.
Todo comenzó con un memorando firmado el 23 de enero por el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que delineó una nueva estrategia para los funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La medida otorga herramientas previamente utilizadas solo en la frontera sur para llevar a cabo deportaciones rápidas.
“Procesos para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos”, detalla el documento, una de las 41 órdenes ejecutivas firmadas por Trump, que amplió las facultades de los agentes para expulsar a migrantes acogidos bajo dos programas clave de la Administración Biden. Estos programas permitieron la llegada temporal de más de un millón de personas.
Uno de estos programas es la aplicación CBP One, diseñada para que los migrantes solicitaran citas para pedir asilo y cruzaran de manera legal hacia Estados Unidos.
El otro es el ‘parole’ humanitario, que facilitó la entrada de personas provenientes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití, quienes huían de crisis en sus países. Estos mecanismos fueron fundamentales en los esfuerzos del gobierno de Joe Biden para reducir las entradas irregulares ofreciendo alternativas legales.
«Vamos a hacer que, si eres ilegal, no puedas entrar por un puerto de entrada o, incluso, si intentas entrar ilegalmente, no se te permitirá», prometió en enero Jason Miller, asesor de Trump, a ‘NPR’.
Más de 60.000 nicaragüenses en peligro de deportación
Los cubanos, haitianos y nicaragüenses que han vivido legalmente en Estados Unidos gracias al ‘parole’ enfrentan una creciente incertidumbre.
En enero se cumplieron dos años desde que el Gobierno de Biden amplió este programa, cuyo plazo máximo es de 24 meses. Aquellos que no hayan encontrado otra vía para regularizar su estatus podrían perder su derecho a permanecer en el país.
“Se calcula que la cifra de nicaragüenses con orden de deportación es de entre 60.000 y 70.000 personas. A estos se sumarán quienes sigan quedando sin estatus a medida que venza el ‘parole’ humanitario”, afirma Harold Rocha, presidente de Nicaraguan American Legal Defense and Education Fund, NALDEF.
Rocha citó un informe de ICE, obtenido por ‘Fox News’, que reveló que en noviembre de 2024, 1.445.549 ciudadanos de 208 países estaban a la espera de ser deportados, aunque no se encontraban detenidos.
Si bien las cifras más altas corresponden a México, Venezuela y Honduras, también incluyen a cientos de ciudadanos de Europa, África y Asia con órdenes de repatriación pendientes.
Rocha también advirtió que hay un número desconocido de nicaragüenses con antecedentes penales, tanto por faltas graves como leves, que aunque no tengan órdenes de deportación activas, podrían ser expulsados en cualquier momento bajo las nuevas normativas.
Uno de los requisitos del ‘parole’ humanitario era contar con un patrocinador legal en EE.UU. “Los datos de esas personas son conocidos por el Gobierno. Existe el temor de que, aun si regresan voluntariamente y solicitan una visa de visitante, se les niegue, ya que habría pruebas de su intención de migrar permanentemente”, alerta Rocha.
Recientemente, el Gobierno de Nicaragua denegó la entrada a Heylin de los Ángeles Chavarría Gutiérrez, beneficiaria del ‘parole’. Según medios locales, Chavarría intentaba regresar desde Miami el 2 de febrero, pero la aerolínea le informó que las autoridades nicaragüenses le habían prohibido el ingreso a su propio país, una práctica que Nicaragua endureció en los últimos días contra cualquier considerada disidente.
Nicaragua atraviesa una profunda crisis política desde abril de 2018, cuando una reforma al sistema de seguridad social desató protestas masivas contra el gobierno de Daniel Ortega. La respuesta estatal fue represión violenta, con más de 325 muertos y miles de personas detenidas o forzadas al exilio.
Desde entonces, el Gobierno ha fortalecido su control mediante reformas constitucionales que prolongan el mandato de Daniel Ortega y Rosario Murillo, su esposa “copresidenta”, hasta 2028, sin señales de elecciones libres. La crisis generó la salida de un millón y medio de nicaragüenses.
“Nadie quiere volver”: beneficiarios del ‘parole’
Isaac* es un nicaragüense-estadounidense que migró hace 18 años. Cuando supo del ‘parole’ no dudó en que sería la mejor vía para que sus hermanos y otros familiares a quienes por años intentó llevar a Estados Unidos lograsen migrar de forma segura. Cuenta que, bajo el programa, patrocinó a siete personas.
Cinco de ellos lograron aplicar al proceso de asilo para permanecer legalmente en Estados Unidos, pese al costo económico que representó hacerlo. Dos de ellos retornaron a Nicaragua tras el vencimiento del permiso.
“Todo el mundo anda con el alma en la mano. Están listos para que los lleven”, afirma Isaac, quien pese a contar con ciudadanía estadounidense, afirma que el temor se extiende para él por tener rasgos hispanos.
“Yo llegué aquí cuando estaba Bush, había una guerra, pero no existía esto. Esta Administración lo que trata es de sembrar el terror. Están aterrorizando”, repite en entrevista con France 24.
“Con un sistema aquí adentro (EE. UU.) que te dice que no te quiere aquí y uno allá (Nicaragua) que te va a reprimir. Nadie puede vivir tranquilo”, relata. Según él, en su comunidad muchos tienen listo un plan en caso de ser deportados.
Sobre los nicaragüenses que ayudó a migrar con ‘parole’ hacia Estados Unidos, cuenta que volver a Nicaragua no es opción. Algunos, en caso de ser deportados, ya investigan cómo sería volver a empezar en países como España o Panamá.
“¿Qué garantías políticas, sociales y económicas existen para regresar a Nicaragua”, se pregunta.
La comunidad haitiana también está en zozobra. “El plan de expulsión los afecta a nivel económico porque algunos ya empezaban a trabajar, a sostener a sus familiares y en este momento no pueden ir a trabajar, a la escuela, a la iglesia. Todo los afecta negativamente por miedo de que en cualquier momento puedan ser deportados”, afirma Eddyson Damas, activista haitiano por los derechos de los migrantes y afrodescendientes.
“Los haitianos que viven en EE. UU. son un pilar de la economía haitiana. Gran parte del PIB haitiano, en función de la crisis, está basado sobre las remesas como en muchos países de América Latina. Es un ingreso que permite que las personas tengan una vida mejor”, recuerda Damas para France 24.
En 2024, la situación de Haití empeoró tras ataques de pandillas que interrumpieron servicios básicos como electricidad, agua y atención médica. Más de un millón de personas han sido desplazadas internamente por la violencia, mientras que la inseguridad alimentaria afecta a millones más.
La persistente inestabilidad política, evidenciada en los frecuentes cambios de liderazgo gubernamental, sigue siendo un obstáculo para avanzar hacia elecciones libres o encontrar soluciones efectivas a la crisis humanitaria.
El TPS, otro motivo de preocupación
Muchos haitianos y nicaragüenses que no están cubiertos bajo el ‘parole’ humanitario se acogieron al Estatus de Protección Temporal (TPS), una figura migratoria que permite a personas de países específicos vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos debido a condiciones adversas como desastres naturales o conflictos armados que hacen peligroso su regreso al país natal.
“Todo cambió porque Trump es presidente. La gente tiene miedo en este momento. La mayoría se queda en sus casas, no quieren salir”, afirma a AP Romane Pierre, de 41 años, que se instaló en Springfield en 2020 bajo el TPS después de huir de la violencia en su natal Haití.
“Amo a mi país, pero no se puede vivir allí, la situación es terrible en este momento”, agrega Pierre, “¿Adónde se regresa entonces?”, se pregunta.
Para el defensor haitiano Damas, “es distinto cuando la persona es deportada hacia un país con una estructura que le puede apoyar, como vimos en Colombia, Brasil o México, pero en el caso de Haití no existe un gobierno y el interino no tiene ni la capacidad ni los medios para recibir a esta cantidad de personas y darle otra opción de vida”.
El TPS, que permite a miles de haitianos residir legalmente en EE. UU., tiene fecha de expiración en febrero de 2026. A la espera de una posible revocación, muchos beneficiarios confían en que Trump tome en cuenta la crisis de violencia en Haití y extienda la medida.
Pero la Administración Trump revocó el TPS para cerca de 350.000 venezolanos en Estados Unidos. Además, la medida expirará en 60 días, adelantando su finalización, que inicialmente estaba prevista para octubre.
Con esta decisión, los afectados perderán tanto la protección contra la deportación como los permisos de trabajo que el programa les otorgaba. Una suerte que podrían correr los nicaragüenses y haitianos protegidos bajo esta medida.
“Cuando se fueron de Haití perdieron todo. No podemos olvidar que la crisis en Haití es sin precedentes. Muchos tuvieron que huir. Acceder al TPS fue el único recurso que tuvieron para tener una situación más o menos legal. La revocación de este estatus los dejaría ilegales. Nadie está preparado para volver a Haití”, concluye Damas.
Con EFE y AP