Washington cuestionó al magistrado Juan Carlos Núñez Matos por una resolución a favor de Cosco Shipping en la disputa sobre las facultades de Ositrán en el megapuerto de Chancay
El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, defendió este miércoles la decisión de Washington de revocar la visa del juez peruano Juan Carlos Núñez Matos y afirmó que la administración de Donald Trump debe actuar cuando considera que funcionarios se ponen “del lado de la corrupción”.
“Cuando vemos a un juez ponerse del lado de la corrupción y de los narcotraficantes para socavar las instituciones del país, tenemos que actuar para devolver la confianza en el sistema”, afirmó el diplomático en un pronunciamiento difundido a través de su cuenta en X, antes Twitter.
Navarro se pronunció después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunciara restricciones contra 27 ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, en el marco de una política que Washington vincula con la lucha contra la corrupción y el narcotráfico en la región.
En el caso peruano, la medida alcanzó a Núñez Matos, magistrado del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, cuya visa estadounidense fue revocada, junto con las de sus familiares directos, según informó el Departamento de Estado.
Fallo sobre el megapuerto de Chancay
El juez adquirió notoriedad este año por una resolución relacionada con el megapuerto de Chancay, operado por Cosco Shipping Ports Chancay Perú, empresa vinculada a capitales chinos.
El 29 de enero de 2026, Núñez Matos declaró fundada una demanda de amparo presentada por la empresa contra el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) y ordenó al organismo abstenerse de ejercer determinadas funciones de regulación, supervisión, fiscalización y sanción sobre las operaciones del terminal portuario.
La resolución fue posteriormente revocada por la Segunda Sala Constitucional de Lima, que declaró improcedente la demanda y sostuvo que Chancay constituye una infraestructura de transporte de uso público sujeta a las facultades de Ositrán.
El caso llegó posteriormente al Tribunal Constitucional mediante un recurso de agravio constitucional.
Navarro no mencionó expresamente a Cosco Shipping ni al puerto de Chancay en su pronunciamiento, pero sus declaraciones se produjeron después de que la revocación de la visa del juez generara especial atención debido a la resolución emitida sobre el terminal portuario.
Preocupación por seguridad jurídica
El embajador estadounidense también señaló que la seguridad jurídica es una preocupación planteada por empresarios de su país interesados en invertir en el Perú.
“Todos, sin excepción, me dicen: ‘¿Cómo? Si ha habido nueve presidentes en diez años y no tenemos la certeza de que se respete el marco jurídico’”, afirmó.
Según Navarro, los inversionistas estadounidenses buscan “leyes claras, instituciones firmes y una democracia que todos respeten” antes de comprometer capital en el país.
El diplomático también cuestionó a quienes critican la decisión estadounidense por razones ideológicas y sostuvo que Washington no pretende entrar en “juegos ideológicos”.
“Sabemos que es de nuestro interés nacional no permitir que personas que no respetan la ley entren a nuestro país”, señaló.
Base legal de la medida
La decisión estadounidense se sustenta en la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite restringir el ingreso de extranjeros cuando su presencia o las actividades que pretendan desarrollar puedan tener consecuencias adversas graves para la política exterior de Estados Unidos.
El Departamento de Estado presentó las restricciones como parte de los compromisos asumidos en el denominado “Escudo de las Américas”, iniciativa impulsada por Trump para reforzar la cooperación regional frente al narcotráfico y otras amenazas.
Según la relación difundida por Estados Unidos, Núñez Matos es el único ciudadano peruano identificado públicamente entre los afectados por esta primera aplicación de las restricciones.