Bolivia eliminó el subsidio al diésel, Chile afrontó un fuerte aumento de precios y Honduras registra bloqueos de carreteras. Expertos analizan las medidas que pueden adoptar los gobiernos para contener el impacto económico y social.
En Bolivia lo llaman “dieselazo”, en Honduras “trancazo” y en Chile “bencinazo”. Las expresiones tienen un denominador común: el aumento del precio de los combustibles, un fenómeno que golpea a las economías familiares de manera directa e indirecta.
El impacto es directo porque movilizarse en vehículo resulta cada vez más costoso, e indirecto porque el encarecimiento del transporte y la distribución eleva el precio de bienes y servicios, mientras la inflación reduce el poder adquisitivo de los salarios.
El fenómeno se replica en distintos países de América Latina. Uno de los casos más críticos se registra en Bolivia, donde el pasado 18 de septiembre el presidente Rodrigo Paz anunció el fin de la subvención estatal al diésel, luego de que el Parlamento aprobara un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$1.900 millones, como parte de un programa de estabilización que contempla la eliminación gradual de los subsidios a los combustibles.
“Aplicar todos los ajustes simultáneamente puede provocar un shock inflacionario: primero, por el aumento del costo del transporte y la distribución; y luego, por el incremento del costo de la electricidad y de la producción”, explicó a DW el economista boliviano Javier Aliaga Lordemann, del Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (INESAD).
A su juicio, el ajuste en Bolivia es inevitable, aunque considera conveniente evitar una aplicación abrupta, especialmente porque la economía ya enfrenta presiones cambiarias e inflación acumulada.
Ante el riesgo de nuevas manifestaciones, Paz extendió por otros 90 días el estado de excepción vigente desde junio, una medida que refleja el nivel de tensión social que atraviesa el país.
“La relación entre incrementos importantes de los precios de productos básicos y la protesta está bien establecida en la literatura”, señaló a DW el sociólogo chileno César Guzmán Concha, investigador de la Scuola Normale Superiore de Pisa. Como ejemplo, mencionó que el aumento del precio de la canasta básica fue uno de los factores asociados a las protestas de la Primavera Árabe de 2011.
La importancia de los tiempos
“Es muy relevante que los gobiernos sepan manejar los tiempos de estos ajustes”, sostuvo Guzmán Concha.
El sociólogo recordó que varios países europeos han aplicado mecanismos para contener temporalmente los precios de los combustibles, mediante los cuales el Estado asume parte del incremento para reducir el impacto sobre los consumidores y evitar un mayor descontento social.
En Chile, el 23 de marzo de 2026, el entonces recién asumido Gobierno de José Antonio Kast anunció un importante incremento en los precios del diésel y la gasolina. El episodio, conocido como “bencinazo”, generó un fuerte impacto entre los consumidores y fue seguido por un descenso en los indicadores de popularidad del mandatario.
En Guatemala también se registraron manifestaciones el 12 de septiembre debido al alto precio de los combustibles. En Honduras, varias carreteras del oriente del país amanecieron bloqueadas el lunes 21 de septiembre por camioneros y transportistas urbanos que protestaban por el incremento de sus costos operativos.
“Ya no aguantamos, todo está muy caro por el combustible”, declaró al diario La Prensa Eduardo Amaya, transportista de carga pesada.
Desde comienzos de año, el precio de la gasolina en Honduras aumentó 50%, mientras que el diésel acumuló un incremento de 80%, según un análisis de Consulting HNL.
Subsidios: alivio temporal y costo fiscal
Para Aliaga Lordemann, los gobiernos pueden considerar mecanismos de compensación cuando enfrentan shocks extraordinarios, pero advierte sobre los costos de mantener subsidios generales durante largos periodos.
“Puede tener sentido amortiguar temporalmente un shock extraordinario, pero no mantener de forma indefinida un subsidio universal”, explicó.
El economista señaló que los subsidios generales pueden resultar regresivos debido a que los hogares de mayores ingresos suelen consumir más gasolina y poseer más vehículos, por lo que captan una mayor proporción del beneficio.
Un caso reciente se produjo en Ecuador. En septiembre de 2025, el presidente Daniel Noboa eliminó el subsidio al diésel automotriz, que representaba un costo de aproximadamente US$1.100 millones anuales para el Estado. La medida elevó el precio del combustible de US$1,80 a US$2,80 por galón de manera inmediata y desencadenó protestas masivas. Posteriormente, el Gobierno decidió mantener congelado el nuevo precio.
Aliaga Lordemann explicó que el impacto de los precios internacionales del petróleo varía según las características de cada economía.
“En los países exportadores de petróleo, el efecto fiscal puede ser favorable por mayores ingresos, pero el consumidor igualmente puede enfrentar aumentos si los precios internos están vinculados al mercado internacional”, sostuvo.
El problema, agregó, es que el combustible no solo afecta al transporte. También incide en sectores como la agricultura, la minería, la industria y la distribución de alimentos, por lo que una variación de precios puede generar efectos de segunda ronda en buena parte de la economía.
Por ello, consideró que una alternativa es establecer compensaciones focalizadas para los hogares vulnerables y aplicar medidas específicas en aquellos sectores donde el incremento de costos tenga un impacto significativo sobre el conjunto de la economía.
El experto también advirtió que no resulta conveniente intentar corregir en pocos meses desequilibrios acumulados durante décadas. En ese contexto, sostuvo que la gradualidad puede ser una herramienta importante cuando las condiciones económicas todavía permiten aplicarla.
Explicar las medidas
Otro factor relevante es la comunicación de las medidas, señaló Guzmán Concha. A su juicio, los gobiernos deben explicar a la ciudadanía las razones de los ajustes y los escenarios que enfrentan, aunque reconoció que esta estrategia tiene límites.
“Pero esto tiene efectos limitados; mira lo que pasa en Estados Unidos, donde muchos que votaron por Donald Trump están descontentos por el alza de los precios de los combustibles”, señaló.
El sociólogo agregó que distintas investigaciones muestran que los recortes en inversión social, inversión pública o gasto estatal pueden ser mejor tolerados cuando la población percibe que los costos se distribuyen de manera equitativa.
“Cuando la gente percibe que no son solo los pobres o la clase media los que pagan los costos de las medidas”, explicó, existe una mayor posibilidad de aceptación social de los ajustes.
El desafío para los gobiernos latinoamericanos, en ese escenario, consiste en equilibrar la necesidad de reducir costos fiscales y corregir distorsiones con la protección de los sectores más vulnerables y la prevención de nuevos episodios de conflictividad social.