Tres personas han sido detenidas y la Fiscalía investiga quién habría financiado, coordinado u ordenado el ataque
El asesinato de Susy Isabel Aponte Polo, conocida como ‘La China’ Polo, ocurrido durante su campaña electoral en Caraz, continúa bajo investigación. Hasta el momento, tres personas han sido detenidas y las autoridades buscan establecer el grado de participación de cada una y determinar quién habría ordenado el crimen.
Uno de los principales elementos de la investigación es el arma utilizada en el ataque. La pistola Glock calibre 9 × 19 milímetros hallada en poder del presunto autor material había sido reportada como robada en 2023 y pertenecía a un efectivo de la Policía Nacional del Perú.
El arma había sido reportada como robada
La pistola pertenecía al agente policial Christian Arévalo Calderón, quien denunció su sustracción el 15 de noviembre de 2023 desde el interior de su vivienda, ubicada en Villa El Salvador, Lima.
El arma, de color negro y con serie BTVG236, fue encontrada casi tres años después en poder de Luis Iván Obispo Díaz, ciudadano venezolano de 30 años detenido minutos después del ataque en la Carretera Central, frente al cruce Palmira.
Cómo llegó el arma desde Lima hasta Áncash y cómo terminó en poder del detenido son aspectos que deberán ser esclarecidos por la Fiscalía y la Policía.
El crimen ocurrió durante la campaña electoral
Aponte Polo fue asesinada el 20 de septiembre, alrededor de las 12:40 horas, en la avenida Ramón Castilla, frente a la Caja Huancayo y cerca del mercado de Caraz, en la provincia de Huaylas, Áncash.
La periodista tenía 44 años y era candidata al Gobierno Regional de Áncash por el movimiento Socios por Áncash, de cara a las elecciones del 4 de octubre.
Se encontraba recorriendo el mercado junto con simpatizantes y entregando propaganda electoral cuando un sujeto la interceptó y efectuó varios disparos. El ataque quedó registrado durante una transmisión en vivo realizada por el periodista y abogado Víctor Castillo.
Los médicos del Hospital San Juan de Dios de Caraz certificaron su fallecimiento. Otras cinco personas que se encontraban con ella resultaron heridas por proyectiles de arma de fuego, entre ellas tres menores de edad. Dos de los heridos fueron trasladados a Huaraz para recibir atención especializada.
Tres detenidos
La investigación registra tres detenidos, aunque inicialmente el Ministerio Público confirmó solo dos capturas en flagrancia: Luis Iván Obispo Díaz, señalado como presunto autor de los disparos, y Ronald José Toro Artila, de nacionalidad peruana, quien habría sido trasladado desde Lima hacia Caraz.
El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, declaró posteriormente a RPP Noticias que también había sido detenido un supuesto financista y otra persona que habría transportado previamente al atacante.
El tercer detenido fue capturado en el distrito limeño de Surco, tras un trabajo de inteligencia que permitió ubicar el vehículo en el que se desplazaba. Las autoridades no habían precisado, según la información disponible, si se trataba del supuesto financista o de la persona encargada de trasladar al presunto sicario.
Un equipo especializado de la División de Homicidios de Lima viajó a Áncash para reforzar las diligencias. La Fiscalía de Huaylas solicitó, además, registros de cámaras de seguridad de un hotel de Caraz y dispuso otras pericias.
El Juzgado de Investigación Preparatoria de Caraz ordenó 15 días de detención preliminar contra Luis Iván Obispo Díaz y Ronald José Toro Ardila, alias ‘Ronald’, investigados por el presunto delito de sicariato.
De feminicidio a presunto sicariato
La investigación se inició inicialmente por el presunto delito de feminicidio, a cargo de la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Huaylas.
Posteriormente, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas asumió el caso y lo recalificó como presunto sicariato, disponiendo diligencias como el levantamiento del cadáver, la revisión de cámaras de videovigilancia y la necropsia.
Obispo Díaz fue trasladado a un hospital de Huaraz luego de su captura debido a heridas aparentemente producidas por impactos de bala. Los reportes preliminares señalaron que habría resultado herido durante un enfrentamiento con el equipo de seguridad que acompañaba a Aponte Polo.
Las amenazas que había denunciado
La periodista Lourdes Sacín, quien trabajó con Aponte Polo durante los dos últimos años, declaró horas después del crimen que había conversado con ella poco antes del ataque.
Sacín afirmó que Aponte Polo y su equipo conocían la existencia de amenazas contra ellos y que la periodista había presentado denuncias y solicitado protección. Estas declaraciones forman parte del contexto que deberá ser evaluado por las autoridades, sin que por ahora se haya establecido públicamente una relación directa entre esas amenazas y el asesinato.
Sus investigaciones periodísticas
Además de su actividad política, Aponte Polo desarrolló durante años una labor periodística centrada en investigaciones sobre presuntos actos de corrupción, crimen organizado, minería ilegal, autoridades, obras públicas y actuaciones de policías y fiscales.
Su programa China Polo Dominical abordó casos relacionados con Áncash y otras regiones del norte del país. Entre los temas tratados figuraban organizaciones criminales, secuestros, extorsiones y hechos vinculados con la minería ilegal en Pataz.
Días antes de su asesinato, había denunciado públicamente que recibía llamadas desde penales en las que le advertían sobre un supuesto atentado. En esas declaraciones mencionó al jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), Víctor Revoredo Farfán, además de otros mandos policiales y fiscales.
Hasta el momento, las autoridades no han establecido que alguna de las personas mencionadas por Aponte Polo tenga responsabilidad en su asesinato.
¿Quién ordenó el crimen?
El fiscal de la Nación señaló que existen varias hipótesis para determinar quién habría ordenado el ataque, pero evitó revelar mayores detalles para no afectar las diligencias.
Por ahora, la investigación busca establecer si las amenazas denunciadas previamente por Aponte Polo tienen relación con el asesinato o si el móvil corresponde a otro aspecto de su actividad periodística, política o personal.
La Fiscalía y la Policía deberán determinar, además, si existen más involucrados y cuál habría sido el papel de cada uno de los detenidos.
El caso permanece abierto y, hasta el momento, no se ha establecido públicamente quién habría ordenado el crimen.