El IPE estima que los envíos de oro de origen ilegal alcanzarían US$ 16,000 millones este año y podrían superar los US$ 18,000 millones
La exportación de oro de origen ilegal continúa expandiéndose en el Perú y este año podría superar, por primera vez, a los envíos de procedencia legal, advirtió el Instituto Peruano de Economía (IPE).
Según sus estimaciones, el valor del oro ilegal exportado alcanzaría aproximadamente US$ 16,000 millones al cierre de 2026 y, en un escenario de mayores precios internacionales, podría superar los US$ 18,000 millones.
En términos de volumen, los envíos de oro de origen ilegal sumarían al menos 110 toneladas y podrían superar las 120 toneladas, lo que representaría entre 52 % y 55 % del total de oro exportado por el Perú, señaló el IPE.
El instituto atribuyó esta expansión principalmente a los elevados precios internacionales del oro y a las dificultades que ha enfrentado el Estado durante los últimos años para contener el avance de la minería ilegal.
Precio del oro
En lo que va de 2026, el oro registra un precio promedio de aproximadamente US$ 4,500 por onza, nivel 44 % superior al promedio de alrededor de US$ 3,125 registrado durante el mismo periodo de 2025.
Asimismo, J.P. Morgan proyecta que el precio promedio anual del oro alcanzaría aproximadamente US$ 4,545 por onza, según la información citada por el IPE.
El incremento de la cotización internacional ha elevado la rentabilidad de la extracción y comercialización ilegal de este metal, consolidando a la minería ilegal como una de las principales economías ilícitas del país.
El IPE señaló que, durante el primer semestre de 2026, la exportación de oro de origen ilegal ya habría superado a la de origen legal en 8.7 toneladas, representando alrededor del 54 % del volumen total exportado.
El Reinfo y la formalización
Respecto al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), el IPE señaló que desde su creación en 2016 apenas 2 % de sus inscritos habría culminado el proceso de formalización.
El registro ha sido prorrogado en cinco oportunidades y, según el instituto, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) no descarta extender nuevamente su vigencia más allá de diciembre de 2026.
El IPE cuestionó que el marco aplicado a los inscritos en el Reinfo haya permitido que actividades mineras avancen en zonas restringidas, entre ellas áreas naturales protegidas, reservas indígenas y zonas arqueológicas.
La expansión de la minería ilegal también genera riesgos para operaciones mineras formales. De acuerdo con una estimación del IPE, existen proyectos que representan en conjunto más de US$ 12,000 millones de inversión que podrían verse afectados.
Se requiere una estrategia integral
El IPE sostuvo que enfrentar la minería ilegal requiere un liderazgo estatal claro y sostenido, así como una estrategia que combine formalización con plazos definidos, trazabilidad de la producción, fiscalización permanente y cooperación transfronteriza.
En ese contexto, planteó el cierre definitivo del Reinfo y el fortalecimiento de la presencia del Estado en las zonas afectadas.
Por su parte, el Ejecutivo ha solicitado facultades legislativas para actualizar las normas relacionadas con la formalización y la trazabilidad minera, simplificar procedimientos y brindar asistencia técnica orientada al desarrollo de proveedores y encadenamientos productivos.
Asimismo, el Gobierno ha anunciado la presentación de una nueva Ley para la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE).