Iniciativa legislativa busca ampliar el sistema de recompensas y garantizar la reserva de identidad de los informantes
Una iniciativa presentada en el Congreso propone fortalecer la prevención del delito mediante un sistema de recompensas económicas para ciudadanos que proporcionen información útil a la Policía sobre bandas criminales, organizaciones delictivas y posibles hechos ilícitos.
El proyecto plantea modificar el Decreto Legislativo 1180, con el objetivo de ampliar el alcance del actual sistema de recompensas y facilitar la participación ciudadana en la prevención y esclarecimiento de delitos.
El diputado José Baella explicó que la propuesta busca dar mayor prioridad a la prevención y permitir que los ciudadanos alerten oportunamente a la Policía sobre situaciones o actividades sospechosas.
Según señaló, los informantes podrían acceder a una recompensa económica cuando la información proporcionada contribuya de manera efectiva a prevenir un delito, identificar a sus responsables o esclarecer hechos ilícitos.
Protección de la identidad
La iniciativa también contempla reforzar los mecanismos destinados a proteger la identidad de los colaboradores y reducir los riesgos que podrían enfrentar por brindar información a las autoridades.
Baella sostuvo que el código de identificación y los datos personales de los informantes deben mantenerse bajo estricta reserva, con el propósito de evitar que tanto ellos como sus familias queden expuestos a posibles represalias.
Cuestionamientos al sistema actual
La propuesta surge también en medio de cuestionamientos al funcionamiento del actual sistema de recompensas.
Un ciudadano que anteriormente participó como informante relató que tuvo dificultades para recibir el pago correspondiente y señaló que la experiencia generó preocupación por su seguridad y la de sus familiares.
Los promotores de la iniciativa consideran que mejorar los mecanismos de protección y garantizar el cumplimiento de las recompensas podría incentivar una mayor participación de la ciudadanía en la lucha contra la delincuencia.
El proyecto será derivado a la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno para su evaluación y posterior debate en el Congreso.