Washington busca garantizar el acceso a 17 campos petroleros que serían desarrollados por compañías estadounidenses. Entre las opciones en discusión figura un arrendamiento de hasta 100 años, una propuesta que plantea interrogantes legales y constitucionales en Venezuela.
Estados Unidos y Venezuela negocian un acuerdo que podría modificar de manera significativa la relación de Washington con la industria petrolera venezolana, considerada la principal fuente de riqueza del país sudamericano.
Funcionarios de la Administración del presidente Donald Trump buscan garantizar a Estados Unidos un acceso de largo plazo a una parte de las reservas petroleras de Venezuela, según reportaron este jueves 27 de agosto Reuters, Bloomberg y Axios.
Aunque los términos aún no están definidos, las conversaciones contemplan que Washington asegure un grupo de campos petroleros que posteriormente serían desarrollados por compañías estadounidenses. El crudo producido tendría como destino prioritario Estados Unidos, según fuentes citadas por Reuters.
Entre las alternativas que se analizan figura el arrendamiento de los campos petroleros por varias décadas. Bloomberg señala que incluso se habría discutido un plazo de hasta 100 años.
La propuesta adquiere especial relevancia porque Venezuela reformó a fines de enero su Ley Orgánica de Hidrocarburos, con el objetivo de ampliar la participación privada en una industria que durante décadas estuvo bajo un fuerte control estatal.
17 campos petroleros en la negociación
Una lista a la que tuvo acceso Reuters identifica 17 campos incluidos en las conversaciones. Entre ellos figuran áreas aún por desarrollar en la Faja Petrolífera del Orinoco y campos maduros ubicados en el Lago de Maracaibo.
Algunos de estos últimos son operados actualmente por una pequeña compañía china, en virtud de un contrato suscrito durante el Gobierno de Nicolás Maduro.
Según Axios, los campos involucrados concentrarían alrededor de 90.000 millones de barriles de reservas probadas, frente a los cerca de 300.000 millones de barriles que posee Venezuela, el país con las mayores reservas certificadas de petróleo del mundo.
Las negociaciones estarían encabezadas por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, de acuerdo con Axios. El secretario de Energía, Chris Wright, prepara además un viaje a Caracas que podría concretarse la próxima semana.
La propuesta contempla que, una vez definidos los campos, se realice una subasta o licitación para determinar qué compañías estadounidenses estarán a cargo de su desarrollo.
“Esto es real y se está debatiendo en los más altos niveles de los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela”, dijo a Reuters una fuente familiarizada con las conversaciones.
¿Qué permite la nueva Ley de Hidrocarburos?
La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, publicada a fines de enero, amplió considerablemente las posibilidades de participación privada en las actividades primarias del sector.
Antes de la modificación, estas actividades estaban reservadas principalmente a empresas estatales y empresas mixtas. La nueva legislación permite ahora que compañías privadas domiciliadas en Venezuela participen en la gestión técnica, operativa y financiera de proyectos petroleros por su propia cuenta y riesgo.
La norma también incorporó los llamados contratos de participación productiva, un mecanismo más flexible que el modelo tradicional de empresas mixtas.
Pero existe un límite fundamental: los yacimientos continúan siendo propiedad de Venezuela.
El artículo 40 establece que “la República conservará la propiedad sobre los yacimientos de hidrocarburos” en los que operen compañías privadas. La legislación mantiene además el principio del dominio público de los yacimientos.
Por ello, la posibilidad de que Estados Unidos obtenga una “participación de propiedad”, como la describió Axios, no implica necesariamente que Washington pueda convertirse en propietario del petróleo que permanece en el subsuelo venezolano.
El punto crítico: un posible arrendamiento por 100 años
Aquí aparece uno de los principales interrogantes jurídicos.
Reuters señala que la legislación venezolana vigente no contempla expresamente el arrendamiento de áreas petroleras, mientras que la Constitución reserva al Estado determinadas actividades estratégicas de la industria.
Expertos consultados por la agencia consideran que un acuerdo de estas características podría enfrentar objeciones constitucionales y legales.
El problema adquiere mayor dimensión si se confirma la posibilidad de un contrato por 100 años. Caracas tendría que determinar qué figura jurídica permitiría otorgar derechos de explotación durante un periodo tan prolongado y, al mismo tiempo, ofrecer garantías suficientes a inversiones que podrían mantenerse activas durante varias décadas.
El economista venezolano Ricardo Hausmann cuestionó este jueves, a través de su cuenta de X, la constitucionalidad y legitimidad de las negociaciones.
También el economista y exdirectivo de PDVSA José Toro Hardy advirtió sobre las dificultades para atraer capital hacia la industria petrolera venezolana. En declaraciones a VPItv, sostuvo que cualquier recuperación del sector requerirá ofrecer garantías a los inversionistas.
“Debemos brindar seguridad jurídica”, afirmó.
¿Qué busca Estados Unidos?
El interés de Washington no se limitaría a ampliar la presencia de empresas estadounidenses en Venezuela.
Según Reuters, la Administración Trump busca garantizar un suministro estable de petróleo venezolano para las refinerías estadounidenses. Un incremento de la oferta podría contribuir, además, a reducir el costo de las importaciones.
El factor energético cobró mayor importancia en medio de las tensiones internacionales y la guerra con Irán, que han alterado los mercados petroleros y llevaron a Washington a recurrir nuevamente a su Reserva Estratégica de Petróleo.
A ello se suma la presión política derivada del aumento del precio de la gasolina, en un contexto marcado por las elecciones legislativas estadounidenses de noviembre.
Venezuela produce actualmente alrededor de 1,25 millones de barriles diarios, una recuperación significativa respecto de sus peores años, pero todavía muy distante de los más de tres millones de barriles diarios que llegó a producir antes del deterioro de su industria petrolera, según cifras de la OPEP.
Paralelamente a las negociaciones, Washington continúa flexibilizando el marco para las operaciones relacionadas con Venezuela. Este jueves, el Departamento del Tesoro modificó varias licencias que autorizan actividades vinculadas con el petróleo venezolano, PDVSA, la venta de diluyentes estadounidenses y el suministro de bienes y servicios para el sector energético.
¿Qué gana Venezuela?
Para Caracas, un acuerdo de esta naturaleza podría facilitar la llegada de capital, tecnología y capacidad operativa necesarios para recuperar campos deteriorados y desarrollar nuevas áreas de la Faja Petrolífera del Orinoco.
Pero también representaría una transformación política difícil de desvincular de la historia reciente del país.
Durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, el control estatal de los hidrocarburos fue presentado como uno de los principales símbolos de la soberanía nacional.
Ahora, un gobierno surgido del propio chavismo negocia con Washington la posibilidad de otorgar derechos de largo plazo sobre una parte importante de la futura producción petrolera venezolana.
La Administración estadounidense es consciente de la controversia. Según Axios, funcionarios de Washington saben que el acuerdo podría ser presentado por sus críticos como una entrega de los recursos naturales venezolanos.
Por ello, uno de los principales argumentos de la propuesta sería demostrar que la apertura de los campos a empresas estadounidenses no solo garantizará el suministro de crudo a Estados Unidos, sino que también permitirá incrementar la producción, generar ingresos y recuperar una industria petrolera profundamente deteriorada.
El desafío será convertir esa propuesta en un acuerdo jurídicamente sólido y políticamente sostenible, sin entrar en conflicto con las normas que todavía reservan al Estado venezolano la propiedad sobre sus recursos petroleros.
Con información de Reuters, Bloomberg, Axios, EFE y medios locales.