El anuncio de deportaciones de migrantes en situación irregular genera preocupación entre los cerca de 2,8 millones de venezolanos que viven en Colombia. Expertos advierten que casi 850.000 personas permanecen sin un estatus migratorio definido y cuestionan la falta de mecanismos de regularización.
El presidente Abelardo de la Espriella oficializó una política migratoria más restrictiva y puso en el centro de sus primeras medidas a los extranjeros que se encuentran en situación irregular en Colombia. El anuncio genera especial preocupación entre la comunidad venezolana, la mayor población migrante del país, integrada por alrededor de 2,8 millones de personas.
Durante un consejo de seguridad, el mandatario ordenó iniciar operativos para identificar y deportar a migrantes en situación irregular, con prioridad en quienes estén involucrados en delitos.
“En el término de la distancia tendrán que ser deportados. ¡Deportados! Es una orden presidencial que se debe empezar a cumplir esta misma semana”, afirmó.
De la Espriella también pidió coordinar los operativos con la Policía de Barranquilla para localizar a extranjeros en situación irregular y estableció dos prioridades: quienes estén cometiendo delitos y quienes no hayan regularizado su situación migratoria.
El discurso ha generado preocupación entre organizaciones que trabajan con migrantes y especialistas en movilidad humana, debido a que vincula la irregularidad migratoria con la delincuencia.
Expertos cuestionan el uso del término “ilegal”
Ronal Rodríguez, vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, considera que las declaraciones presidenciales no fueron improvisadas.
“Esta declaración no es un error, no es algo que se le escapó en medio de un consejo de seguridad, frente a las cifras de criminalidad que le estaban presentando”, sostuvo.
Según Rodríguez, durante la campaña De la Espriella insistió en abordar la migración irregular como un problema de ilegalidad. Sin embargo, recordó que en Colombia una persona no comete un delito simplemente por encontrarse en situación migratoria irregular.
Ante la preocupación generada por el anuncio, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, intentó precisar el alcance de las palabras del mandatario y aseguró que “de ninguna manera” se referían a los venezolanos que se encuentran regularizados.
“Los venezolanos que llegaron básicamente a Colombia y que recibieron este régimen de protección por parte del Gobierno colombiano y que se insertaron no son migrantes ilegales de ninguna manera”, declaró a Noticias Caracol.
Casi 850.000 venezolanos permanecen sin estatus migratorio definido
Lara hizo referencia a quienes fueron acogidos por el Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos, mecanismo mediante el cual 1.968.180 personas obtuvieron el Permiso por Protección Temporal (PPT), según datos de Migración Colombia.
El mecanismo, implementado durante el Gobierno de Iván Duque, permitió a los ciudadanos venezolanos acceder a servicios como salud, educación, sistema financiero y otros beneficios, además de facilitar su identificación y regularización dentro del territorio colombiano.
Para Rodríguez, la medida respondió principalmente a una necesidad práctica ante la magnitud de la migración venezolana.
“Esta regularización no fue un acto de solidaridad, simplemente era la respuesta más lógica y pragmática frente a una coyuntura que era muy difícil de abordar”, explicó.
Sin embargo, el PPT dejó de estar vigente para nuevas incorporaciones en noviembre de 2023 y, durante el Gobierno de Gustavo Petro, no se estableció un mecanismo de alcance equivalente para quienes continuaron llegando al país o no pudieron acogerse al estatuto.
La migración venezolana, entretanto, no se detuvo.
“La migración venezolana no ha cesado. Venezuela sigue bajo emergencia humanitaria compleja, dictadura, violación múltiple de Derechos Humanos”, señaló Paula Andrea Jiménez, periodista especializada en migración y derechos humanos.
La especialista indicó que, en los últimos años, nuevos grupos de venezolanos se han asentado principalmente en zonas fronterizas como La Guajira y Norte de Santander, aunque todavía no existe información oficial completa sobre estos movimientos.
El resultado es una población considerable que permanece en una especie de limbo migratorio. De acuerdo con las cifras citadas por los especialistas, 527.525 venezolanos se encuentran en situación irregular y otros 320.369 están en proceso de regularización, lo que suma casi 850.000 personas sin un estatus migratorio plenamente definido.
“Estamos hablando de una población que, si la reuniéramos en un solo punto de Colombia, sería la sexta ciudad del país, más grande que Cúcuta y Bucaramanga”, explicó Rodríguez.
Familias enteras enfrentan diferentes situaciones migratorias
La falta de mecanismos de regularización ha generado situaciones especialmente complejas dentro de los hogares venezolanos. En una misma familia pueden convivir personas con distintos estatus migratorios: algunos cuentan con PPT, otros llegaron después del cierre del mecanismo y algunos menores de edad permanecen sin regularizar.
Jiménez explicó que esta situación afecta especialmente a las familias que viven en zonas rurales, donde las dificultades de conectividad y acceso a trámites digitales son mayores.
También existen casos de personas que perdieron sus documentos durante el cruce de la frontera y no pudieron recuperarlos o regularizar su situación mientras estuvo vigente el PPT.
Ana Karina García, directora de la Fundación Juntos Se Puede, organización venezolana que brinda apoyo a migrantes, señaló a la agencia AP que una de las prioridades debe ser abrir un diálogo que permita visibilizar el vacío dejado por la falta de mecanismos de regularización durante los últimos años.
“No se puede perseguir a un migrante por no querer regularizarse si no hay una metodología de regularización”, afirmó.
El Gobierno de Petro dejó pendientes nuevas alternativas de regularización
Durante la administración de Gustavo Petro tampoco se consolidó un mecanismo que reemplazara al Estatuto de Protección Temporal.
Uno de los instrumentos creados fue el PEP-Tutor, un permiso especial destinado a representantes y cuidadores de menores de edad. Sin embargo, su alcance fue reducido y solo benefició a poco más de 3.000 personas, según las cifras citadas.
Rodríguez cuestionó además su utilidad práctica debido a las dificultades que, según indicó, enfrentan algunos beneficiarios para utilizar el documento en entidades financieras, empresas prestadoras de salud y otros servicios.
Otro mecanismo que quedó pendiente fue el Permiso Especial de Contingencia, una propuesta de regularización temporal planteada por la Cancillería durante los últimos meses del Gobierno de Petro, pero que no llegó a consolidarse.
Por ello, la población que permanece sin estatus migratorio definido es precisamente la que podría quedar más expuesta ante el anuncio de deportaciones.
Una deportación masiva enfrenta enormes dificultades
La posibilidad de ejecutar deportaciones de manera rápida también plantea desafíos logísticos y diplomáticos.
Colombia y Venezuela comparten más de 2.200 kilómetros de frontera, que atraviesan territorios con condiciones geográficas muy distintas, desde zonas desérticas hasta regiones selváticas.
“En Estados Unidos se pueden poner muros, en Chile pueden poner zanjas, pero nuestra frontera pasa desde el desierto hasta la selva, pasa por todos los pisos térmicos, en unas condiciones que son complejísimas”, sostuvo Rodríguez.
El investigador considera poco realista pensar que el Estado colombiano pueda controlar de manera inmediata toda la frontera, especialmente en zonas donde persisten problemas de seguridad y presencia de organizaciones armadas.
“Si no hemos podido controlar el Catatumbo, pretender que ahora vamos a dominar la frontera es una dinámica irreal”, afirmó.
Rodríguez también rechazó que se responsabilice de manera general a los venezolanos por los problemas de inseguridad y sostuvo que la participación de esta población en hechos delictivos representa una proporción reducida.
Menores venezolanos, entre los principales desafíos
Uno de los puntos que más preocupa a los especialistas es la situación de los menores de edad que no cuentan con un estatus migratorio regular.
Según las cifras citadas, 193.213 niños, niñas y adolescentes venezolanos no se han acogido al estatuto, pese a que para ellos todavía existirían mecanismos de protección.
Rodríguez advierte que la falta de regularización puede convertirse en un factor de vulnerabilidad social, especialmente cuando los menores quedan fuera del sistema educativo.
“Son niños, niñas y adolescentes que al no tener un estatus, no tienen tampoco acceso a la educación”, señaló.
El especialista alertó que esta situación puede aumentar el riesgo de que los menores sean captados o instrumentalizados por organizaciones criminales.
¿Qué viene para los venezolanos en Colombia?
El anuncio de De la Espriella abre un nuevo escenario para la población venezolana en Colombia. Mientras quienes cuentan con un permiso de protección tendrían una situación migratoria diferenciada, cientos de miles de personas permanecen sin una condición plenamente regularizada.
El principal desafío para el Gobierno será determinar hasta dónde llegará la nueva política de deportaciones y, al mismo tiempo, establecer si ofrecerá mecanismos para que quienes actualmente se encuentran en situación irregular puedan regularizarse.
Para los expertos, una política migratoria centrada únicamente en la deportación podría resultar insuficiente frente a una población que lleva años asentada en Colombia, mientras que la falta de vías de regularización mantiene a cientos de miles de personas en un escenario de incertidumbre.