Los gremios de transporte de Lima y Callao convocaron a una paralización total del servicio para el martes 25 de agosto, en respuesta a la falta de diálogo con el Gobierno y a la ausencia de medidas concretas frente a la violencia, la extorsión y el sicariato que afectan al sector.
La Unión Gremial de Lima-Callao oficializó la fecha de la medida mediante un comunicado dirigido a la opinión pública. Según el pronunciamiento, los servicios de transporte urbano en la capital y el primer puerto serán suspendidos ese día, salvo que el Ejecutivo atienda previamente sus principales demandas.
Los transportistas señalaron que la decisión responde al incremento de los ataques contra conductores, trabajadores del sector y pasajeros. En su comunicado, advirtieron que durante agosto se han registrado diversos atentados contra personas que se encontraban trabajando o trasladándose hacia sus centros de trabajo y estudio.
Asesinatos y extorsión
Entre los hechos mencionados figura el asesinato del gerente general de una empresa de transporte, ocurrido el 6 de agosto en Los Olivos. Para la organización, este crimen evidencia que los ataques contra el sector no constituyen hechos aislados, sino que forman parte de una violencia sistemática atribuida a organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y al sicariato.
La Unión Gremial también cuestionó la falta de una política pública clara y articulada para enfrentar esta problemática. Según los transportistas, el cobro de cupos y las extorsiones han incrementado los costos operativos de las empresas, situación que termina repercutiendo en la economía de los usuarios del transporte urbano.
“El problema no se revertirá de un día para otro, pero el Estado tiene el deber de conocer con precisión su magnitud y de comunicar el plan de acción que viene ejecutando”, señalaron en el documento.
Reclamos y propuestas al Gobierno
Los gremios aseguraron que han presentado propuestas destinadas a reforzar las unidades policiales y fiscalías especializadas en delitos de extorsión y sicariato. También plantearon medidas para fortalecer el control de las comunicaciones desde los establecimientos penitenciarios y brindar protección a los transportistas que denuncien estos delitos.
Sin embargo, afirmaron que hasta el momento no han recibido una respuesta formal sobre la evaluación de sus propuestas.
Asimismo, indicaron que en reiteradas ocasiones solicitaron una audiencia con la presidenta de la República, Keiko Fujimori, para conocer las medidas que adoptará el Gobierno frente a la crisis de inseguridad que atraviesa el sector. Según el pronunciamiento, la reunión aún no ha sido concedida.
Paro será levantado si hay diálogo
Ante la falta de respuestas concretas, la Unión Gremial de Lima-Callao anunció la paralización del servicio para el martes 25 de agosto.
Los dirigentes explicaron que la medida busca exigir al Gobierno que informe si cuenta con un plan de seguridad para el sector, cómo se viene ejecutando y si contempla las propuestas presentadas por los transportistas.
No obstante, precisaron que el paro quedará sin efecto si, antes de esa fecha, el Ejecutivo concede la audiencia solicitada y se establecen mecanismos concretos de trabajo.
Los gremios aseguraron que mantienen su disposición al diálogo y que su objetivo es alcanzar acuerdos que permitan enfrentar la inseguridad con resultados verificables.
“Pedimos comprensión a los usuarios: no exigimos privilegios, exigimos condiciones mínimas para trabajar sin morir en el intento. La seguridad del transporte es la seguridad de todos”, concluyeron.