La institución presidida por Roberto Burneo presentó una denuncia penal contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y otros cuatro funcionarios, debido a las deficiencias que impidieron la instalación de más de 211 mesas de sufragio en todo el país.
La Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sostiene que estas irregularidades afectaron el derecho al voto de aproximadamente 63 mil ciudadanos durante las elecciones generales realizadas el 12 de abril, principalmente por problemas en la entrega de material electoral.
De acuerdo con el documento oficial, tanto Corvetto como los funcionarios involucrados habrían incurrido, presuntamente, en delitos contra el derecho de sufragio, además de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, así como obstaculización del normal desarrollo del proceso electoral.
El abogado penalista Luis Vargas Valdivia explicó en RPP que, en el marco de una contratación estatal, los funcionarios son responsables de garantizar la adecuada prestación del servicio. En ese sentido, señaló que las investigaciones deberán determinar si las autoridades electorales pudieron prever que la empresa encargada no cumpliría con sus obligaciones, lo que finalmente afectó el desarrollo del proceso.
Respecto a la detención de un funcionario de la ONPE por parte de la Policía Nacional, Vargas consideró que podría tratarse de una medida excesiva. “Si se establece que hubo negligencia, imprudencia o impericia, la conducta no necesariamente constituye delito”, precisó.
Por su parte, el especialista en temas electorales Jorge Jáuregui indicó que, pese a la no instalación de estas mesas, la jornada electoral se desarrolló con normalidad en la mayoría de locales de votación.
Jáuregui explicó que el problema se originó en el incumplimiento de una empresa privada encargada de la logística, pero subrayó que este hecho no afectó la validez del proceso. “Usualmente se instala el 99.7 % de mesas, y en esta jornada se alcanzó el 99.8 %. No existe una irregularidad que comprometa el resultado electoral”, declaró a Canal N.
El experto también advirtió sobre un contexto político que, a su juicio, pone en riesgo la autonomía de los organismos electorales. En ese sentido, cuestionó a sectores del Congreso por promover acciones que podrían interpretarse como una presión indebida sobre entidades como la ONPE.
“Plantear una intervención de la ONPE es propio de regímenes autoritarios. Corresponde realizar una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades, pero escalar el caso a acciones penales con detenciones puede interpretarse como un acto de amedrentamiento”, afirmó.
Asimismo, recordó que en los últimos años se han difundido reiteradamente narrativas de fraude electoral sin sustento, acompañadas de ataques a las instituciones del sistema electoral e incluso amenazas personales contra funcionarios.