La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves (19.02.2026), por unanimidad, una ley de amnistía que podría beneficiar a cientos de presos políticos tras 27 años de chavismo. El texto fue promulgado casi de inmediato por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien afirmó que “hay que saber pedir perdón y también recibir perdón”.
Desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, Rodríguez señaló que la norma debe traducirse en una liberación masiva y en un proceso de reconciliación nacional. Su gobierno ya había iniciado excarcelaciones previas a la ley: 448 personas han sido liberadas, aunque aún permanecen 644 detenidas, según la ONG Foro Penal.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, destacó que la norma busca promover “la hermandad, la unión y la paz”, aunque lamentó que hayan sido necesarios “hechos lamentables” para alcanzar consensos.
Alcances y cambios
La ley fue respaldada por unanimidad, incluida la mayoría oficialista y un grupo reducido de opositores que logró introducir modificaciones tras intensas negociaciones. El artículo 7, que había retrasado el debate el 12 de febrero, fue reformulado.
El texto establece que la amnistía beneficiará a toda persona procesada o condenada por hechos ocurridos durante el chavismo, siempre que comparezca ante la justicia. También permite que quienes se encuentren en el exilio actúen mediante apoderados y dispone que, tras presentar la solicitud, no podrán ser privados de libertad por los hechos contemplados en la norma.
Exclusiones
El artículo 9 excluye delitos de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos, conforme a la Constitución. Asimismo, deja fuera a quienes hayan promovido o participado en acciones armadas contra la soberanía nacional con apoyo extranjero.
Dirigentes opositores como María Corina Machado y Leopoldo López, señalados por el oficialismo en distintos procesos, podrían ser evaluados caso por caso por una comisión especial prevista en la ley.
Reacciones y contexto
Expertos independientes de Naciones Unidas señalaron que la amnistía debe aplicarse a todas las víctimas de enjuiciamientos ilegales e integrarse en un proceso amplio de justicia transicional.
Familiares de detenidos, que acampan frente a cárceles desde enero, siguieron la votación con expectativa. Activistas subrayan que la amnistía debe implicar libertad plena y no solo medidas condicionales.
Con esta norma, el gobierno de Rodríguez abre una nueva etapa política en medio de presiones internacionales y demandas internas de reconciliación.