Cerca de 49.000 personas salieron a las calles de Manila y otras ciudades de Filipinas para denunciar un millonario escándalo de corrupción que salpica a legisladores, funcionarios y empresarios vinculados a proyectos de control de inundaciones.
Las manifestaciones, cuyo símbolo es el cocodrilo, se desarrollaron en dos puntos de la capital: una convocada por organizaciones juveniles e izquierdistas y otra por instituciones religiosas bajo el lema “Marcha del billón de pesos”. En ciudades como Baguio e Iloilo también se replicaron protestas masivas.
“Nos hundimos en la pobreza y perdemos nuestro futuro mientras ellos se enriquecen con nuestros impuestos, pagando autos de lujo y viajes al extranjero”, denunció la activista estudiantil Althea Trinidad a AP.
El presidente Ferdinand Marcos Jr. reconoció el escándalo en julio y ordenó crear una comisión independiente que ya provocó varias renuncias tras detectar irregularidades en unos 10.000 proyectos por un valor de 9.500 millones de dólares.
La indignación aumentó cuando los contratistas Sarah y Pacifico Discaya exhibieron en media su flota de autos de lujo, incluida una unidad británica de 737.000 dólares. Luego, en una investigación televisada, acusaron a 17 congresistas y funcionarios de exigirles sobornos millonarios. Dos senadores fueron señalados después en otra pesquisa parlamentaria. Todos niegan los cargos, pero enfrentan procesos abiertos.
La policía arrestó a 17 manifestantes acusados de provocar incendios y lanzar piedras; 30 agentes resultaron heridos. El acceso al palacio presidencial fue bloqueado por seguridad.
“Respetamos el derecho a la protesta, pero no toleraremos violencia ni vandalismo”, advirtió la policía en un comunicado.
Pese a las investigaciones y dimisiones, los ciudadanos mantienen la presión en las calles exigiendo justicia y un fin estructural a la corrupción política.