España vive un clima de creciente tensión en torno a la migración. Vox ha impulsado propuestas como deportaciones masivas y el veto a celebraciones musulmanas, mientras el Partido Popular (PP) ha cedido en varias ocasiones a estas demandas a cambio de apoyo político.
En Jumilla (Murcia), el Ayuntamiento —gobernado por PP y Vox— prohibió la celebración del Ramadán y la Fiesta del Cordero en espacios públicos, medida que el Gobierno central calificó de vulneración de la libertad religiosa. Para Vox, dichas prácticas son “incompatibles con la identidad española”.
El discurso antimigración se ha trasladado a las calles. En Torre Pacheco, tras la agresión a un anciano por jóvenes magrebíes, grupos ultras convocaron “cacerías” contra migrantes, dejando más de una decena de detenidos. Plataformas como Deport Them Now aprovecharon la violencia para crecer en redes, hasta que fueron intervenidas por el Ministerio del Interior.
Expertos advierten que la islamofobia se está normalizando: ataques contra musulmanes, mensajes de odio en internet —más de 600.000 detectados este año— y la narrativa del “gran reemplazo” han ganado terreno. Según Pedro Rojo, presidente de la Fundación Al Fanar, la comunidad magrebí es el principal blanco de esta retórica, mientras que “otros migrantes son vistos como parte del imaginario histórico español”.
La tensión también alcanza al Congreso, donde Vox exige la prohibición del velo islámico y otras vestimentas religiosas. Para líderes musulmanes como Hicham Oulid Mhammed, se está “extranjerizando” a ciudadanos españoles de ascendencia magrebí pese al reconocimiento legal del islam desde 1992.
Murcia ejemplifica cómo el PP adopta posiciones de Vox para conservar el poder. “El PP ha maquillado las propuestas, pero el objetivo sigue siendo marginar a la comunidad musulmana”, señala Rojo. Activistas advierten que este giro político erosiona la convivencia y fortalece un discurso que convierte un problema humanitario en una cuestión de seguridad.