«Quédense en casa y no abran la puerta a extraños», advirtió el alcalde de Perris, Michael Vargas, en medio de un clima de temor por las redadas masivas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en áreas agrícolas del sur de California. La advertencia llega tras la muerte de un migrante el 12 de julio, dos días después de caer del techo de un invernadero mientras huía de una redada que dejó un récord de 361 detenidos.
El Gobierno de Donald Trump ha intensificado estas operaciones pese a protestas y restricciones judiciales. Según el “zar de la frontera”, Tom Homan, los agentes de ICE pueden detener a personas con solo una «sospecha razonable» basada en su ubicación, apariencia, ocupación o comportamiento, lo que ha sido criticado por fomentar el perfilamiento racial.
La jueza federal Maame Frimpong limitó el 12 de julio estas acciones, advirtiendo que las redadas sin pruebas claras ni acceso a abogados podrían ser ilegales. Aun así, los operativos continúan.
Terror en los campos
Flor, migrante mexicana con permiso laboral, teme no volver a casa cada vez que sale a trabajar en los campos de fresas de Oxnard. “Mis hijas me dicen: ‘Mami, ten cuidado, te pueden atrapar y mandar a México’”, cuenta. Muchos compañeros han dejado de presentarse al trabajo durante semanas.
Los agricultores, alarmados, temen perder cosechas clave. California produce más de un tercio de las verduras y el 75 % de las frutas y frutos secos que se consumen en EE. UU., pero la mano de obra migrante, base del sector, se ve cada vez más diezmada.
Trump anunció en junio un supuesto plan para permitir que algunos trabajadores agrícolas se queden, pero hasta ahora no hay nada concreto, y la secretaria de Agricultura Brooke Rollins ya descartó una “amnistía”.
Operativos cada vez más violentos
La redada en una granja de cannabis en Camarillo terminó con la muerte de Jaime Alanís, de 57 años, quien cayó desde nueve metros mientras huía. Sindicatos como UFW denunciaron el uso de helicópteros, gas pimienta y fuerza excesiva, incluso contra familiares que protestaban.
Mientras el DHS niega responsabilidad, también denuncia que algunos manifestantes arrojaron piedras y que un hombre apuntó con un arma a sus agentes. El FBI ofreció 50.000 dólares de recompensa por información sobre este último caso.
Pese a que la administración Trump insiste en que las redadas se enfocan en “criminales peligrosos”, solo 4 de los 361 detenidos en Camarillo tenían antecedentes penales, lo que representa apenas el 1,1 %.