La Cámara de Comercio de Lima deslinda de manera expresa y categórica su posición frente a las declaraciones del presidente de la CONFIEP, dejando constancia de que no las comparte por no reflejar la real dimensión de los hechos ocurridos en el proceso electoral. Al mismo tiempo, convocamos al conjunto del empresariado organizado a actuar con unidad y cohesión, porque la hora nos exige asumir colectivamente el liderazgo que el Perú necesita.
Es inaceptable relativizar que alrededor de 500 000 ciudadanos no hayan podido ejercer su derecho al voto por causas directamente atribuibles al Estado peruano. Este derecho al voto, reconocido en el artículo 31° de la Constitución Política del Perú y garantizado por la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N° 26859), constituye un pilar fundamental del sistema democrático, y su vulneración, en la magnitud registrada, no solo lesiona a cada ciudadano afectado individualmente, sino que puede incidir en la definición de los candidatos que pasarán a una segunda vuelta electoral y en la configuración de la representación política del país, incluyendo el Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino.
No se trata de defender o atacar a ningún candidato en particular, sino de defender la democracia y de garantizar que el resultado electoral sea el fiel reflejo de la voluntad ciudadana, conforme lo exige el artículo 176° de la Constitución. Minimizar estos hechos debilita la confianza en el sistema y compromete la legitimidad del proceso, generando además consecuencias que no son sólo políticas, sino que afectan directamente el desarrollo de las inversiones y las proyecciones económicas del país. Numerosos proyectos se encuentran paralizados y capitales significativos evalúan su salida ante el riesgo que representa el período comprendido entre el 7 de junio y el 28 de julio.
Por tal motivo, exhortamos al Jurado Nacional de Elecciones, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 178° de la Constitución y la Ley Orgánica del JNE (Ley N° 26486), a adoptar de inmediato medidas claras, transparentes y verificables que permitan esclarecer lo ocurrido y corregir las deficiencias logísticas y operativas que fallaron el 13 de abril, garantizando que no se repitan en la segunda vuelta. Ello implica reforzar la supervisión del proceso en su integridad y asegurar la transparencia y consistencia en el conteo de votos, restituyendo plenamente la confianza ciudadana en el sistema electoral.